Para la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) el alza al sueldo y tabular que propuso a sus trabajadores fortalece los salarios por arriba de la inflación y propone prestaciones que priorizan el bienestar, la seguridad social y la calidad de vida de las y los trabajadores, pero para el Sindicato Independiente de Trabajadores de la institución (Situam), la oferta económica no recupera el salario perdido y no compensa el deterioro acumulado, por lo que aceptarla significaría validar la continuidad de un modelo injusto, regresivo e insostenible.

El sábado, la UAM presentó al gremio el paquete económico, consistente en incremento de 4 por ciento directo al salario para todo el personal (académicos y administrativos), además de 3 por ciento al tabulador del personal académico de medio tiempo y tiempo parcial y un ajuste ponderado de 2 por ciento al tabulador para administrativos de base.

En el contexto del Proceso de Revisión Contractual y Salarial 2026, la casa de estudios resaltó que el incremento salarial propuesto es superior a la inflación, que en 2025 cerró en 3.69 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

A 11 días de que venzan los emplazamientos a huelga (1º de febrero), subrayó que los salarios directos no son la única fuente de ingresos para las y los trabajadores de la universidad, pues nos regimos por una relación contractual de trabajo que incluye prestaciones en especie y remuneración que fortalecen la calidad de vida y el poder adquisitivo de la comunidad trabajadora.

No obstante, expuso, independientemente de estas prestaciones, para la institución educativa es una prioridad que el salario directo se fortalezca tomando en cuenta el contexto nacional y siempre pensando en el bienestar de la comunidad.

El Situam fue menos optimista y señaló que el ofrecimiento de la UAM no responde a ese rezago histórico de percepciones y no se puede sostener una universidad pública de calidad sin salarios dignos. Cada peso que se niega a las y los trabajadoras universitarios es un golpe directo al derecho de la sociedad a una educación pública fuerte, crítica y socialmente comprometida.

Insistió en su demanda de 30 por ciento de incremento al salario y 20 por ciento de ajuste al tabulador, como medidas mínimas indispensables para comenzar a revertir un rezago salarial acumulado durante años.