Un grupo de activistas encabezado por Samara Martínez, diagnosticada con insuficiencia renal crónica y lupus, presentó en el Senado su iniciativa conocida como Ley trasciende, que busca definir el derecho a la muerte digna y despenalizar la eutanasia para los casos de pacientes con enfermedades cronicodegenerativas en fase terminal.

Con 128 mil firmas de respaldo a su propuesta, pidieron abrir un parlamento abierto para discutir el tema. Por su parte, senadores de varios partidos políticos –con excepción del PAN– se comprometieron a retomar el proyecto y presentarlo en los próximos meses.

Frente a algunos legisladores, entre quienes se encontraban Lilia Margarita Valdéz Martínez (Morena), Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) y Claudia Anaya (PRI), Samara Martínez expresó: vengo a pedirles desde lo más profundo de mi alma, y sobre todo desde lo más profundo de mi corazón, que hagamos posible una ley que garantice la dignidad hasta el último respiro de la vida.

Subrayó que esta iniciativa no busca promover la muerte, sino humanizarla; busca que ningún mexicano tenga que morir sufriendo con dolor, con miedo, pero sobre todo con agonía, o bien, con la angustia de ver a su familia destrozarse, mientras el cuerpo se apaga lentamente.

Reconoció que el tema despierta muchas emociones y temores, e incluso prejuicios, pero invitó a los legisladores a ver más allá del tabú y el dogma; expuso que legislar sobre la vida y la muerte no es un acto político, es un acto de amor, de ética y de responsabilidad histórica. Una sociedad que permite morir con amor también aprende a vivir con más humanidad, subrayó.

En el documento presentado por los activistas se propone modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para, entre otros aspectos, regular el derecho a la eutanasia activa en México, garantizando que quienes padezcan una enfermedad terminal o cronicodegenerativa discapacitante, sin posibilidad de cura, puedan acceder, si es su voluntad, a los medicamentos que les causen la muerte de manera anticipada y sin dolor”.

Plantea establecer la objeción de conciencia para los profesionales de la salud y la obligación de las instituciones públicas del ramo de contar con personal no objetor.