Las reformas propuestas en México a la Ley de Amparo pueden aumentar el riesgo regulatorio al limitar la capacidad de los tribunales de suspender actos administrativos, declaró ayer Fitch Ratings.

A su vez, Iván Ramil, socio y country head de Vinci Compass, aseguró que México sigue siendo una economía apetitosa para la inversión en general, aunque la reforma judicial y otras, como la Ley de Amparo, no sean las ideales.

En un comunicado, Fitch expuso que la reforma afectará a una amplia gama de actividades económicas y reducirá la previsibilidad de las empresas que dependen de permisos, autorizaciones y concesiones, con posibles implicaciones crediticias negativas que se evaluarán caso por caso.

Fitch considera que los sectores de energía, transporte, telecomunicaciones, minería e infraestructura social son los más expuestos, comentó y mencionó que una mayor exposición a medidas administrativas adversas puede interrumpir las operaciones, retrasar proyectos en curso, reducir los ingresos y presionar la rentabilidad.

Con el tiempo –mencionó Fitch– puede frenar la inversión, restringir el acceso al mercado y ampliar los diferenciales para los más expuestos a medidas discrecionales.

Consideró que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo de la presidenta Claudia Sheinbaum prohibirá las suspensiones cuando las autoridades revocan permisos, concesiones o autorizaciones, limitará los efectos de la medida cautelar al solicitante y restringirá la capacidad de terceros para alegar un interés legítimo.

Las empresas han recurrido ampliamente a amparos para suspender acciones percibidas como violatorias de derechos; limitar las medidas suspensivas reduce los recursos prácticos contra cambios abruptos en las políticas o la administración y puede afectar la competitividad, destacó la calificadora.