Además de organizar la elección federal para 98 millones de ciudadanos y 12 millones de mexicanos residentes en el extranjero, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá la responsabilidad, por primera vez en la historia, de llevar las urnas a personas en prisión preventiva (PPP), que al corte de agosto pasado eran 92 mil 792 en todo el país.

Es un grupo de ciudadanos privados de su libertad que no han sido sentenciados y, por tanto, conservan sus derechos político electorales.

Hay 282 centros con PPP; la mayor población de este tipo se encuentra actualmente en el estado de México (11 mil 203), seguido de Jalisco (7 mil 40), Ciudad de México (6 mil 961), Baja California (6 mil 841) y Veracruz (5 mil 498), de acuerdo con cifras oficiales.

Para el INE, esta preparación implica, primero que nada, alcanzar acuerdos con los directivos de las cárceles, quienes determinarán si hay condiciones para desarrollar la elección en cada una de las instalaciones, pero sobre todo informar adecuadamente a esta población, que –según resultados de pruebas pilotos– no suele estar motivada para esta participación ciudadana.

Ante los casos de respuesta positiva, el INE deberá elaborar una lista nominal especial, al tiempo de llevar a las personas datos sobre los candidatos o candidatas a la Presidencia de la República, así como gubernaturas o ayuntamientos, en los pocos casos que así lo permite la legislación local.

Se prevé incluso la difusión de debates, por ejemplo, para que los electores conozcan a los aspirantes.

Al mismo tiempo, el instituto debe garantizar las condiciones de certeza del sufragio; es decir, que voten sólo las personas enlistadas y que el voto sea debidamente contado.

El propósito es organizar esta elección desde un enfoque progresista y de maximización de derechos, en cumplimiento a lo mandatado por la Sala Superior del Tribunal Electoral, dijo el INE.

Hasta ahora, sólo se han realizado pruebas pilotos, por lo que en 2024 el reto es mayúsculo, de aplicar el voto de PPP en todo el país, en coordinación con las autoridades penitenciarias, quienes tienen la última palabra en cuanto a autorización del ejercicio.

Por lo excepcional de las condiciones, este voto se ejercerá de forma anticipada, del 6 al 20 de mayo, a través de la modalidad presencial (no electrónica).

Es un mecanismo distinto al ordinario; por ejemplo, las secretarías de Seguridad Pública serán las responsables de dar información y datos biométricos de la gente en esta situación, para que la dirección del Registro Federal de Electores dictamine la procedencia o improcedencia de las solicitudes recibidas. Si es procedente, las personas serán dadas de baja de la lista nominal, sólo para fines del 2 de junio.

El personal distrital del organismo integrará las mesas directivas de casilla (en situación normal esta función la hacen los ciudadanos) y el escrutinio de votos se hará el día de la jornada electoral, 2 de junio.

Es por ello que en la preparación de estos comicios cuenta mucho lo relacionado con la cadena de custodia de los sobres que contendrán los votos de las PPP.