Un juez de control impuso prisión preventiva justificada a Diego N, por su presunta participación en el delito contra la intimidad sexual en agravio de compañeras del Instituto Politécnico Nacional, por una de ocho carpetas de investigación que se le iniciaron tras encontrarle 166 mil fotografías editadas, que comercializaba.

El caso del ex estudiante de la Escuela Superior de Comercio y Administración es el primero en México y América Latina donde intervino como medio comisivo la inteligencia artificial y el primero por la explotación sexual digital a través de dicho medio.

Se trata de un precedente único para que no haya más Diegos N en el Poli o universidades, donde los alumnos creen que no hay consecuencias jurídicas, porque no hay una afectación para las víctimas y que sus contenidos no son reales, afirmó Olimpia Melo Cruz.

La impulsora de la Ley Olimpia –contra el acoso digital– explicó que ésta aplica desde el momento en que “se reconocen imágenes alteradas –en este caso donde se hace aparecer desnudas a las víctimas– a través de la digitalización, teniendo ya ocho carpetas de investigación y dos testimonios más de compañeras”.

Exhortó a las alumnas del IPN que sientan que en estas 166 mil fotografías hay algunas de ustedes, a que vengan a denunciar, es importantísimo seguir documentando, no podemos bajar la guardia y seguir pensando que esto no tiene consecuencias, es real.

De cuatro a ocho años de cárcel

La sanción por este delito es de cuatro a ocho años de prisión, pero aumenta, en caso de encontrarse agravantes, a entre nueve y 12 años, además del pago de entre 51 mil 870 y 103 mil 740 pesos.

Vamos a pedir la reparación del daño, aunque no tenemos una para víctimas de violencia digital, pero vamos a presionar a las autoridades y el juez que su castigo y reparación del daño sean ejemplares, afirmó la activista.

Al término de la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, que se realizó en las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, señaló que analizan las mejores estrategias jurídicas.

Se busca, señaló, hacer prevalecer lo que a ellas les haga sentir justicia. No caigamos en la mediatización amarillista de que cuando una víctima repara el daño con medidas de actualización está haciéndolo por dinero, cuando es un derecho que por ley les corresponde.

Acompañada por algunas de las víctimas, quienes exigieron justicia y que se le aplique un castigo ejemplar para evitar que este tipo de situaciones se repitan, comentó que la defensa de Diego N solicitó la duplicidad de término constitucional.

El próximo martes se definirá su situación jurídica, por lo que permanecerá en el Reclusorio Oriente, donde fue ingresado tras ser detenido durante el cateo de un departamento, en la colonia San Pedro de los Pinos, en Álvaro Obregón.