Elevar a rango prioritario la atención de la salud mental en los sistemas de salud de América Latina y el Caribe demanda un incremento sustancial de recursos, pues destinar 5 por ciento del presupuesto de salud permitiría reducir la brecha de atención y pasar de 40 a 80 por ciento en el acceso al tratamiento, señalaron especialistas.

Durante el foro sobre Propuestas de agenda de salud mental para la región de las Américas, Juan Manuel Quijada, director de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasam), destacó el cambio en la política pública del sector en México, con el que se busca impactar en acciones de prevención de adicciones, suicidio y atención oportuna de enfermedades mentales.

Para ello, dijo que se ha capacitado a más de 140 mil personas en salud mental y adicciones, se transformaron los 341 centros de salud mental y adicciones, se realizó una actualización de la Línea de Vida, y se impulsó el Programa Nacional de Prevención del Suicido que a la fecha ha atendido a más de 39 mil personas, entre otras acciones para prevenir las adicciones y promover la salud mental.

México avanza en fortalecer la salud mental: OPS

El director de la Organización Pa-namericana de la Salud (OPS), doctor Jarbas Barbosa, enfatizó que México avanza, junto con otras naciones de la región, como Argentina, en un camino muy importan-te para fortalecer la salud mental, en un contexto de aumento de casos de ansiedad, depresión, adicciones y consumo de alcohol vinculados a los efectos de la pandemia de covid-19.

A lo anterior se suma que en una década la tasa de suicidio en la región se incrementó en 17 por ciento, afirmó. Es evidente que no podemos seguir organizando la respuesta a la salud mental como se venía haciendo.

El especialista de Naciones Unidas indicó que una de las primeras acciones de la Organización Mundial de la Salud fue convocar a una comisión de expertos que emitieron 10 recomendaciones generales, en las que se priorizaron las acciones de prevención del suicidio.

Destacó los casos de México y Argentina para impulsar cambios en su legislación en materia de salud mental y salir del sistema de aislamiento de los pacientes y garantizar una atención basada en los derechos humanos.