Puebla, Pue., En los últimos 10 años, en los que Puebla ha sido gobernado por los partidos Acción Nacional y Morena, ha estado sumergido en una crisis de administración de justicia, pues el Poder Judicial ha sido encabezado por personas que han obtenido posiciones por ser afines a los gobernadores en turno, y por motivaciones políticas. Esto ha generado un fuerte deterioro del funcionamiento de juzgados y un aumento de la corrupción, que se tradujeron en la liberación de presos por delitos graves.

Durante ese periodo, las autoridades del Poder Judicial han tenido la misma trayectoria: el Ejecutivo en turno los propuso como magistrados sin importar que carecieran de experiencia para esa responsabilidad, y en cuestión de semanas o meses, en dos casos, fueron nombrados presidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y uno titular de Consejo de la Judicatura.

Tal circunstancia propició inestabilidad en el Poder Judicial poblano, que se ha reflejado en falta de insumos básicos en juzgados (agua potable, servicio de Internet, computadoras y hasta artículos de papelería), fuerte rezago en salarios, pues en cuatro años no se revisaron ni incrementaron, y escándalos de jueces que liberaron de forma sospechosa a delincuentes que cometieron delitos graves como violación, secuestro o intento de homicidio.

Las cabezas del Poder Judicial que generaron esta crisis fueron Roberto Flores Toledano y Héctor Sánchez Sánchez, nombrados presidentes del TSJ a propuesta de los ex gobernadores panistas Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, respectivamente; así como Carlos Palafox Galeana, quien encabezó el Consejo de la Judicatura –encargado de la administración del Poder Judicial–, nominado por el ex gobernador morenista Miguel Barbosa Huerta.

Sólo 10 meses en el cargo

El caso más destacado es el de Carlos Palafox Galeana, nombrado magistrado vitalicio del Poder Judicial de Puebla el 30 de septiembre de 2022, cuando dejó la Consejería Jurídica del gobierno estatal, a propuesta del entonces mandatario Miguel Barbosa. Previamente fue notario auxiliar de la notaría pública número 27, con sede en la capital del estado.

En ese entonces, diputados de oposición al partido Morena criticaron la designación, pues Palafox no reunía los requisitos estipulados en el artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, que prohíbe ser magistrado a quienes recientemente hayan tenido una comisión en otro poder público.

El 27 de octubre del año pasado fue nombrado presidente del Consejo de la Judicatura, después de que el Congreso local aprobó una reforma al Poder Judicial que otorgó a éste la administración de esa instancia, es decir, el manejo del presupuesto y las revisiones al desempeño de jueces y magistrados.

La designación causó molestia entre empleados del Poder Judicial, quienes reprocharon a Palafox carecer de carrera para ser magistrado y presidente del Consejo de la Judicatura, cargos que se le otorgaron casi al mismo tiempo.

Entre abril y mayo de este año, los trabajadores se manifestaron en tres ocasiones, acusando falta de aumentos salariales y percepciones inferiores al salario mínimo.

Señalaron también la falta de agua y papel sanitario en los juzgados, así como de papelería. El principal cuestionamiento contra Palafox fue la contratación de abogados recientemente graduados, incrustados en la presidencia del Consejo de la Judicatura con sueldos de más de 60 mil pesos mensuales.

Carlos Palafox renunció al cargo el 31 de agosto, 10 meses después de ser nombrado, luego de escándalos por la liberación de personas acusadas de delitos graves, pese a existir evidencias en su contra.

Exhiben arreglos

En días recientes, el desempeño de jueces poblanos fue exhibido tanto por activistas como por el gobierno federal, al revelar que liberaron a presuntos delincuentes acusados de abuso sexual contra menores de edad, secuestro y tentativa de homicidio.

El 25 de julio anterior, el subsecretario de Seguridad federal, Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer que los jueces Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Javier Martínez Castillo cambiaron las medidas cautelares del proceso penal en contra de los presuntos secuestradores Diego N y Juan Carlos N, por lo cual salieron de prisión.

Entonces el Consejo de la Judicatura, en esa fecha aún presidido por Palafox Galeana, anunció que iniciaría una investigación contra Martínez Castillo, juez de control de la región judicial centro, aunque indicó que Roberto Antonio Domínguez salía de su competencia por ser del ámbito federal.

Posteriormente, el 5 de septiembre Rodríguez Bucio dio cuenta del caso de Milton Moctezuma Vega, juez de control en Puebla, por anomalías como la absolución de presuntos delincuentes que atentaron contra la vida de policías federales.

Explicó que de 19 resoluciones dictadas por Moctezuma Vega, en 13 decidió no vincular a proceso penal a los acusados; en tres calificó de ilegal la detención de supuestos criminales, y en tres dictó sentencias absolutorias incluso a delincuentes que agredieron a policías.

Sobresale también Aarón Hernández Chino, juez de control de la región judicial norte, quien permitió la liberación de Gerardo N, un diácono detenido en 2021 acusado de violar –en octubre de ese año– a un niño de siete años de edad, en el municipio de Aquixtla.

En junio de 2021, el mismo juez fue señalado por liberar a dos presuntos violadores de una niña de cuatro años, con el argumento de que el dictamen médico que apuntó abuso sexual contra la menor fue falsificado.