Palenque, Chis., En el epicentro de la crisis migratoria por la magnitud de personas que han salido de su país, el presidente Nicolás Maduro patentizó la adhesión a la Declaratoria de Palenque. En mensaje a medios ofreció contrarrestar este fenómeno si se levantan todas las sanciones, de manera permanente, total y completa, sin extorsiones, sin chantajes, sin condicionamientos. Venezuela, me comprometo, en menos de un año está revirtiendo esta tendencia.

Al término del encuentro de alto nivel, Maduro condenó las 930 sanciones que de manera unilateral Estados Unidos ha impuesto a su país como forma de presión, son medidas criminales, inmorales desde 2015. Mal llamadas sanciones, medidas coercitivas, extorsionistas, torturantes, a pesar de las cuales, según aseguró, a partir de 2020 ha iniciado una migración en reversa de venezolanos. Es decir, un retorno a su país de quienes principalmente migraron al sur (Colombia, Chile, Perú) por el estigma mediático que enfrentaban.

En su balance del cónclave Por una vecindad fraterna y con bienestar –convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador–, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, ponderó el encuentro como preámbulo para construir una política latinoamericana con el fin de afrontar esta crisis migratoria, convertida en uno de los grandes problemas de la humanidad.

Se trata de ofrecer una alternativa humanitaria para confrontar las acciones coercitivas y xenófobas en el norte, donde las extremas derechas, que se hacen del poder, vulneran el derecho internacional para organizar muros en las fronteras y campos de concentración para quienes no han cometido ningún delito, donde mucha gente termina privada de la libertad.

Su canciller, Álvaro Leyva, dio un panorama de uno de los puntos más críticos en la ruta migrante: el Darién. Sabemos cuáles son las mafias del crimen organizado que desaparecen niños, violan a las mujeres. Vemos cómo cuelgan en los árboles (a quienes deciden migrar), una industria pecaminosa horrible. Por ello, urgió a encontrar medidas que permitan mitigar los riesgos que se enfrentan.

Sin aludir a la inestabilidad política de su país que se agudizó con el asesinato de Jovenel Moïse, en julio de 2021, que le permitió asumir como primer ministro de Haití, Ariel Henry atribuyó a la pobreza y la inseguridad la creciente salida de personas. Se trata de un problema común y debemos buscar soluciones a ese tema.

Contrastante con la visión humanitaria que prevaleció en la cumbre, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, reivindicó la polémica ruta seguida por su país para revertir ese calvario de los migrantes y atender las causas estructurales que han identificado, entre ellas la violencia como expulsoras de personas, enfatizando en su estrategia.

El Plan de Control Territorial ha permitido sacar de las calles, limpiar de las comunidades a los miembros de esas estructuras criminales y ahora El Salvador, después de ser el país que tenía la más alta tasa de homicidios en el mundo, tenemos más de 423 días con cero homicidios.

El canciller de Honduras, Enrique Reina, evidenció cómo se han disparado las tendencias en su país, donde se pasó de una expulsión de 300 personas diarias a 3 mil. En éste han cruzado este año 300 mil migrantes.

La vicepresidenta de Costa Rica (que afronta los problemas de ser territorio de tránsito), Mary Munive, subrayó la relevancia de confrontar el impacto del crimen organizado en este creciente fenómeno, porque son quienes se aprovechan de la vulnerabilidad que genera en la gente la pobreza y la marginación. Tras destacar que en la actualidad 15 por ciento de quienes migran son menores de edad, es imperativo que se incorporen en estos encuentros no sólo los países expulsores o de tránsito, sino también aquellas naciones receptoras de estas personas.