Palenque, Chis., En una medida sin precedente ante los retos que hoy implica la crisis migratoria en el hemisferio, 10 naciones de América Latina y el Caribe acordaron un paquete de 13 acciones conjuntas para enfrentar los crecientes flujos y –en alusión directa a Washington– convocaron a los países de acogida a abandonar políticas coercitivas y alentar medidas para atender las causas estructurales del éxodo.

Encabezados por México, los gobiernos de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y Venezuela suscribieron la Declaratoria de Palenque, derivada de dos horas y media de trabajos y diálogos entre las misiones, entre ellos seis jefes de Estado.

En el documento se hace énfasis en exhortar a las naciones de tránsito a adoptar medidas integrales en apoyo a los migrantes y con las que respeten el derecho humano a migrar.

México ofertó cooperación y asistencia técnica a partir de la aplicación en territorios allende sus fronteras de dos programas sociales emblema de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que se aplican desde hace tiempo en Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba.

El Encuentro de Palenque: Por una vecindad fraterna y con bienestar fue convocado por López Obrador para que entre representantes de los países regionales impactados de una u otra forma por la migración acordaran estrategias con el fin de contrarrestar la crisis, en particular atendiendo las causas, pues de acuerdo con cálculos de la propia Casa Blanca hay 20 millones de personas en tránsito irregular por el continente americano.

Atendieron el llamado sus homólogos de Honduras, Xiomara Castro; Cuba, Miguel Díaz-Canel; Colombia, Gustavo Petro; Venezuela, Nicolás Maduro; el primer ministro de Haití, Ariel Henry, así como cancilleres y viceministros del resto de las naciones. Participó además un representante del gobierno electo de Guatemala.

En la declaratoria final, que fue presentada en un mensaje a medios por la canciller mexicana, Alicia Bárcena, los firmantes ubicaron varias de las causas estructurales de la migración: a nivel interno factores políticos, económicos, sociales y los efectos del cambio climático; además, “factores externos como las medidas coercitivas unilaterales de naturaleza indiscriminada –dictadas desde Estados Unidos– que afectan negativamente a poblaciones enteras y, en mayor medida, a las personas y comunidades más vulnerables”.

De ahí que instaron a la Casa Blanca a levantar dichas medidas impuestas a algunas naciones de la región –como Cuba y Venezuela, lo que ha impactado en el éxodo–, en tanto son contrarias a derecho internacional y tienen graves repercusiones más allá de los países objetivo.

En paralelo, en el documento se planteó emprender esfuerzos por modificar la arquitectura financiera de las deudas para cerrar brechas sociales y reducir las pretensiones de migrar; empujar por medidas orientadas a incrementar la actividad agrícola para impulsar la autosuficiencia alimentaria en la región y propiciar el comercio y la inversión intrarregional para el desarrollo socioeconómico.

Las naciones firmantes subrayaron que se deberán emprender medidas para enfrentar el crimen organizado trasnacional, el tráfico de personas y a la corrupción, así como fomentar la cooperación conjunta en materia de seguridad.

Llamaron a que los países de destino “adopten políticas y prácticas migratorias acordes con la realidad actual de nuestra región y abandonen aquellas inconsistentes y selectivas, para evitar producir arbitrariamente tanto ‘efectos llamada’ como ‘efectos disuasivos’, tales como la regularización de ciertas nacionalidades”.

Mención especial mereció la crisis de Haití, por lo que se convocó a que cada país, conforme a sus capacidades, sume esfuerzos junto con la comunidad internacional y Naciones Unidas, con el fin de restablecer un entorno de seguridad humana para la normalización de la situación política, económica y social, con enfoque de desarrollo sostenible.

Solicitaron a los países de destino la ampliación de las vías regulares, ordenadas y seguras de migración, con énfasis en la movilidad laboral y la promoción para la reintegración y retorno de los trabajadores temporales a sus lugares de origen, entre otras acciones.

Los 13 acuerdos se vincularán con el Encuentro de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo en América Latina y el Caribe, propuesto por Colombia y México, que se realizará en Bogotá en el primer trimestre de 2024.