Buenos Aires., Tras la dictadura militar más cruenta en la historia del país (1976-1983), ahora Argentina vive un momento de tribulaciones cuando los cuatro magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, presidente; Carlos Rosencrantz, vicepresidente, ambos nombrados por un decreto del ex presidente Mauricio Macri, en enero de 2016, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorennzeti, son investigados para ser sometidos a un juicio político por una Comisión Especial de Legisladores, lo que ha permitido conocer oscuros laberintos que incluyen delitos graves e irregularidades denunciados desde hace tiempo.

Justicia y dictaduras

Esto nos lleva al momento actual: El problema del Poder Judicial es que, históricamente, es un poder del Estado, que ha transigido con los gobiernos autoritarios y dictatoriales, analiza el abogado Tomás Ojea Quintana, durante un debate sobre Memoria, verdad y justicia. Complicidad del Poder Judicial, dirigido por el investigador César Zubelet.

El letrado recordó que en el primer golpe de Estado de 1930 –encabezado por el general José Félix Uriburu– para derrocar al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, la Corte Suprema declaró que no iba a intervenir a pesar de que se derrocaba a un gobierno legítimo.

Ojea Quintana es querellante en la causa contra los directivos de la empresa Ford, por la complicidad de la empresa durante la dictadura en el secuestro, tortura y desaparición de delegados gremiales, y sigue encontrando obstáculos en su búsqueda de justicia, a pesar de las pruebas.

“En adelante, pasando por todos los golpes de Estado, el Poder Judicial no ha cumplido su rol, que es marcar las pautas constitucionales y señalar, en relación a los gobiernos autoritarios y en particular en el último gobierno militar y sobre el ‘terrorismo’ de Estado (…) En primer lugar, porque la dictadura castrense estableció un plan clandestino de represión y, a la vez, respondía a ciertas normas jurídicas del país; para ello debía interactuar con el Poder Judicial, y de esta forma comenzó a buscar cómplices”, añade.

Carlos Cruz, profesor en Derecho y especializado en criminología, refiere que en la última dictadura militar, para no irnos más atrás, siempre han tenido en cuenta el control del aparato represivo disciplinante y de dominación social, por eso se han ocupado básicamente de controlar, en primer lugar, tres aéreas del ejercicio del poder hegemónico: Por un lado, las fuerzas armadas, que son las que aparecen impulsando el golpe; en segundo lugar, todas las fuerzas de control policial y parapolicial; y, en tercer lugar, los medios de comunicación y el sistema educativo. Estos son los tres primeros ejes disciplinantes que el poder económico concentrado impulsó para consolidar su dominio.

Hay coincidencias al advertir que se vive un momento en el que no sólo se habla de la complicidad del Poder Judicial, sino de que ahora muestra su peor cara, que consiste en prácticas ocultas, escudándose en el anonimato, nadie sabe quién juzga y quién decide, entonces recién se está abriendo a la luz pública, a la sociedad y al pueblo argentino, el funcionamiento de ese poder.

En este contexto, surge Justicia Legítima, una asociación civil integrada por reconocidos juristas, togados, que trabajan por la democratización de los poderes judiciales y por una justicia más transparente, independiente y cercana a la ciudadanía.

En cuanto a los delitos que hoy se investigan para llevar a los magistrados de la Corte Suprema a juicio político se considera que los miembros del Poder Judicial mayoritariamente se encaminan a defender los intereses del poder económico concentrado.

Es coherente ese Poder Judicial estructurado en la defensa del interés económico corporativo, y esto lo trasmite en sus fallos.

Analistas expresan que es necesaria una profunda reforma que incluya distintos elementos: es muy importante el rol directo del pueblo. Una de las críticas más severas al Poder Judicial es que actúa de forma oculta, sin que la comunidad conozca cómo funciona, y por esto es necesario pensar qué tipo de normas podemos generar, como sociedad, para reformar esta parte del Poder Judicial, que tiene que abrirse al control público, ser más profundo y abarcativo que el simple Consejo de la Magistratura, donde el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se autonombró para presidir esa institución, con impunidad absoluta.

El gobierno del peronista Frente de Todos (ahora Unión por la Patria) está impedido de gobernar y votar leyes justas, y que las debe aprobar el Congreso y, si se avalan, la oposición derechista suele presentar una medida cautelar y la Corte Suprema toma resoluciones que, al final, impiden poner en práctica estas leyes, como sus últimas resoluciones, en las que suspendió elecciones e ignoró las constituciones de cada provincia, entre otros graves fallos que la han convertido en lo que se denuncia por estos días en una Junta dictatorial-judicial.

Lo anterior ha movilizado el rechazo de parte de miles de ciudadanos en todo el país, cuando las encuestas demuestran que la mayoría no cree en la justicia actual.

Se menciona, además, una larga lista de empresas acusadas de complicidad con el terrorismo o el vaciamiento notable del Estado y del país, que siguen impunes.

Clave de las alianzas derechistas

La justicia se ha desentendido, por ejemplo, de lo actuado por los medios de comunicación, y el Poder Judicial considera natural la injerencia de Estados Unidos.

Durante el gobierno del peronista Carlos Menem (1989-1999), el Poder Judicial aprobó ilegalmente la venta de la mayoría de empresas del Estado, vaciando y saqueando, arrojando millones de habitantes a la pobreza y el abandono absoluto con sus consecuencias mortales.

En 1983, en Rosario, provincia de Santa Fe, se creó la Fundación Libertad, que depende de la derechista Heritage estadunidense, que sigue trabajando hasta hoy, y fue clave para las alianzas derechistas como Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio.

Esa fundación tuvo fuerte impacto, ya que impartían seminarios y conferencias magistrales en voces de jueces como Claudio Bonadío, quien armó más de 13 causas falsas contra la ex presidenta y ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Fundación Libertad invitó a jueces y fiscales a viajar a Estados Unidos para dictar conferencias muy bien pagadas, lo que permitió ganar a una cantidad de jueces para actuar contra su propio país denuncian aquí.

De allí salió el germen del Partido Judicial, con el apoyo y asesoramiento de la embajada de Estados Unidos, bajo el gobierno derechista de Mauricio Macri (2015-2019), que cometió una cantidad de delitos nunca juzgados.

El actual embajador estadunidense, Marc Stanley, en su primer discurso en Buenos Aires dijo llegar preparado para ayudar a la justicia argentina.

Desde la esfera de acción estadunidense se organizó la permanente acción de desacreditación, degradación y humillación contra Fernández de Kirchner, a niveles nunca vistos, con el añadido de cuestiones de género. Es considerado el más feroz ataque de la prensa cómplice contra una ex mandataria, quien se convirtió en la líder política más importante del país, exponen los juristas consultados por La Jornada.

Sería largo enumerar lo sucedido en esta guerra sucia que se libra contra una mujer que hasta intentaron asesinar el 1º de septiembre de 2022. La causa por el intento de homicidio quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien es tan parcial como sus pares que decidieron proscribir a Fernández de Kirchner en diciembre pasado sin prueba alguna en la causa llamada Vialidad, ya cerrada y vuelta a abrir para este nuevo espectáculo, dejando fuera decenas de expedientes con pruebas irrefutables presentadas por los defensores de la vicepresidenta.

Todos son amigos cercanos a Macri, y otros, como el caso de Capuchetti, del círculo del jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

El ex juez de la Suprema Corte Eugenio Zaffaroni, reconocido jurista a escala mundial, advierte de la existencia de un caos judicial y la necesidad de una reforma judicial: “Si no se cambia, nadie va a poder gobernar, porque van a obstruir toda medida de gobierno, principalmente las de carácter económico.

“El caos es tan grande (…) Estamos ante un vacío jurídico, que lo generó la propia Corte Suprema”, indica al enumerar una larga lista de irregularidades graves.

Nos queda un vacío del derecho, no hay autoridad a quien exigirle eficacia en las normas de la Constitución, y, algún día, el pueblo se va a dar cuenta de esto. El Derecho no puede llenar un vacío de derecho, lo jurídico no puede llenar lo ajurídico, es el pueblo el que va a devolver el derecho, los juristas no tenemos soluciones porque provocaron una situación de ausencia de juridicidad.