En la reposición del proceso penal contra Keren Selsy Ordoñez, una mujer veracruzana encarcelada en Tlaxcala desde 2015 por presunto secuestro, la Procuraduría General de Justicia de ese estado no sólo no se desistió de las acusaciones con pruebas fabricadas, sino que ha pedido que su sentencia de 50 años aumente a 90, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Al exigir que el juzgado penal en Apizaco, encargado del caso, declare la no culpabilidad de la joven, refirió que al momento de la detención, el 11 de diciembre de 2015 en Xalapa, Veracruz, fue sometida a diferentes actos de tortura durante 12 horas y fue obligada a firmar una declaración autoincriminatoria.

Este es un caso que muestra mucho el trato desigual del Poder Judicial, porque a pesar de que toda la evidencia en la investigación habla de que el secuestro había sido realizado por un grupo de hombres, básicamente se lo atribuyen a ella, aseguró Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh.

En este sentido, indicó que los hechos ya fueron presentados ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria.

Zamora afirmó que cuentan con una serie de evidencias que demuestran la inocencia de Keren, recluida en el anexo femenil del Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala. Recordó que la mujer, de entonces 19 años y quien 30 días antes había dado a luz, fue aprehendida afuera de un domicilio donde se encontraba su ex pareja, también detenido –junto con otro hombre– y a quien se le dictó una sentencia de cinco años en prisión, pues todavía no cumplía la mayoría de edad.

Ella estaba ahí porque había ido, a petición de su pareja, para recibir dinero para comprar cosas para su bebé, dijo la litigante.