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Exigen cancelar concesión

Activistas tomarían mañana la mina Buenavista del Cobre

Debe obligarse a Germán Larrea a remediar la contaminación del río Sonora

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▲ Integrantes del Frente Unido Río Sonora anunciaron ayer, a las puertas del palacio de gobierno del estado, que este viernes tomarán la mina Buenavista del Cobre con la finalidad de exigir a Grupo México que atienda las exigencias de los afectados por el derrame tóxico de ese yacimiento, ocurrido el 6 de agosto de 2014.Foto Cristina Gómez
Cristina Gómez Lima
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 19 de octubre de 2023, p. 32

Hermosillo, Son., El Frente Unido Río Sonora advirtió que el 20 de octubre tomará las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, que explota Grupo México, para exigir al gobierno federal que cancele la concesión de ese yacimiento a Germán Larrea Mota Velasco y lo obligue a reparar los daños ocasionados a las víctimas del derrame de tóxicos al río Sonora en agosto de 2014, y a mineros sindicalizados afectados en 2007 por violaciones a su contrato laboral.

En dicha agrupación participan ciudadanos perjudicados por el derrame proveniente de la mina a cielo abierto Buenavista del Cobre a los ríos Bacanuchi y Sonora, en agosto de 2014, así como comités de cuenca y afiliados a la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, liderado por Napoleón Gómez Urrutia.

Integrantes del frente adelantaron que a primera hora del viernes víctimas de pueblos aledaños a Buenavista del Cobre –vecinos de las ocho comunidades contaminadas con lixiviados de sulfato de cobre acidulado– y las familias de los 657 agremiados de la sección 65 del Sindicato Minero se apostarán frente a las instalaciones de Buenavista del Cobre hasta que se dé respuesta a sus demandas.

Los inconformes advirtieron que Grupo México se alista para la movilización e instalará una valla de policías para proteger la mina.

La manifestación fue anunciada a las puertas del palacio de gobierno, donde representantes de los afectados, encabezados por Heriberto Verdugo Martínez, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato minero, expuso que integraron el Frente Unido Río Sonora para exigir solución inmediata al conflicto laboral derivado de violaciones al contrato laboral cometidas desde hace 16 años en agravio de los afiliados a la sección 65.

Expuso que el gremio también demanda una auditoría ambiental a todas las minas de Grupo México, indemnización integral a las víctimas del derrame de tóxicos en el río Sonora por daños ambientales, a su salud y economía.

Verdugo Martínez destacó que la principal petición es que se cancele la concesión de la mina Buenavista del Cobre por incumplimiento de las leyes mexicanas.

No sólo pedimos que se castigue a Germán Larrea, sino además a las autoridades cómplices de este corrupto. No vamos a descansar. Nuestras protestas se recrudecerán este 20 de octubre, advirtió Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la sección 65 del Sindicato Minero.

El frente acusó a los gobiernos federales encabezados por el panista Felipe Calderón Hinojosa y el priísta Enrique Peña Nieto de solapar las constantes violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y de los pobladores de la región serrana del norte de Sonora.

No vamos a seguir permitiendo que convierta nuestros ríos en drenajes de desechos tóxicos que salen de sus minas, como Buenavista del Cobre, que diariamente contaminan las aguas, el aire y los suelos desde Cananea hasta Hermosillo, como se comprobó en estudios científicos realizados por la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), que muestran concentraciones de metales pesados muy por arriba de los estándares internacionales, puntualizó.

En un análisis, la Semarnat concluyó que miles de familias que habitan en los pueblos del río Sonora están en riesgo por la acumulación de metales pesados en su cuerpo. La dependencia presentó un dictamen diagnóstico de la región contaminada por el derrame tóxico de Grupo México, ocurrido hace nueve años y considerado el mayor desastre ecológico en la historia nacional.

Además, determinó que aunque la administración de Peña Nieto ordenó a Grupo México pagar 2 mil millones de pesos por los estragos resultado del derrame, la empresa no cubrió ni 6.12 por ciento de los daños al patrimonio de los habitantes de la región.