Washington y Nueva York. Un grupo semisecreto de empresarios y ultraconservadores dedicaron los últimos 40 años a tomar el control de la Suprema Corte para promover exitosamente una agenda derechista, incluyendo una serie de fallos radicales que, entre otras cosas, han anulado el derecho constitucional al aborto, limitado la capacidad del gobierno federal para controlar la contaminación ambiental, debilitado los derechos sindicales, revirtiendo algunos derechos de la comunidad gay y minado leyes diseñadas para garantizar el sufragio efectivo, revirtiendo así algunas de las principales conquistas de movimientos sociales a lo largo de más de medio siglo.

Aunque líderes conservadores como el de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, argumentan que el tribunal supremo continúa basando sus fallos en la interpretación de la ley por los nueve jueces imparciales, una serie de investigaciones del New Yorker, el New York Times, ProPublica y otros medios han documentado el esfuerzo derechista de largo plazo para cambiar la agenda política nacional por conducto de la Suprema Corte.

“Tienes a multimillonarios elaborando una lista sobre quién será instalado en la Suprema Corte, tienes a multimillonarios apoyando la publicidad para respaldar las campañas y confirmaciones de estos jueces para ingresar a la Suprema Corte, tienes a multimillonarios financiando los tanques pensantes y las áreas académicas donde están creando el producto legal que desean que entregue la corte”, explica el veterano senador demócrata Sheldon Whitehouse, quien se ha dedicado durante años a revelar a los activistas del ala derecha que han capturado la corte.

Aunque la Suprema Corte supuestamente está sobre la política –en parte por ello se justifica que los nombramientos sean vitalicios– e imparcial, en los hechos, desde su origen ha sido una institución conservadora creada por una Constitución bajo la cual era legal la esclavitud, que sólo hombres blancos propietarios de tierra tenían el derecho al voto, y aun después de abolir la esclavitud, la máxima corte continuó apoyando la segregación racial.

Pero cuando la Corte se atrevió a minar los programas sociales masivos del New Deal impulsados por el presidente Franklin D. Roosevelt, el mandatario movilizó ágilmente a la opinión pública y amenazó con agregar nuevos puestos para alterar el voto, de repente los jueces decidieron ceder.

Para los años 50, movimientos sociales y protestas civiles masivas empezaron a obligar a la corte a emitir fallos históricos durante los siguientes 30 años contra la segregación racial, garantizar derechos del voto para afroestadunidenses, apoyar medidas para reducir la pobreza, endosar protecciones para el medio ambiente y garantizar el derecho constitucional de las mujeres al aborto.

Fallos históricos alarman a los conservadores

Todos estos avances alarmaron a líderes conservadores y parte de la cúpula empresarial. La Cámara de Comercio de Estados Unidos encargó a un abogado llamado Lewis F Powell Jr redactar un memorando que tituló: “Ataque sobre el sistema americano de libre empresa”. El informe de Powell, en 1971, empieza con la advertencia de que el asalto contra el sistema de libre empresa está ampliamente basado y promovido de manera consistente; está ganando ímpetu y adeptos y que esto es porque los comunistas, los de la nueva izquierda y otros revolucionarios son mucho más numerosos, están mejor financiados y cada vez son más bienvenidos y alentados por otros elementos de la sociedad como nunca antes en nuestra historia.

Para enfrentar esta amenaza, Powell sugiere que la rama judicial podría ser el instrumento más importante para el cambio social, económico y político y detalló una estrategia para que el empresariado presionara a la corte. En 1972, Powell fue designado a la Suprema Corte por el entonces presidente Richard Nixon. Sin embargo, el propio Powell no siempre se alineó con el empresariado ni con la agenda social derechista.

En 1982 un grupo de estudiantes de leyes en las universidades de Harvard, Yale y Chicago fundaron el Federalist Society (Sociedad Federalista) con la misión explícita de reformar el orden legal actual. Esa agrupación, sobre todo su integrante Leonard Leo, quien después sería asesor y millonario, abiertamente ha elogiado sus esfuerzos para asegurar que los candidatos a la Suprema Corte, así como otros tribunales federales, nombrados por republicanos a lo largo de la última década, sean antiaborto, pro negocios, opuestos a regulaciones gubernamentales y extremadamente –a veces religiosamente– conservadores.

“La clave fue entender cómo desarrollar lo que yo he llamado un ‘ducto’, básicamente donde se recluta a estudiantes en escuelas de leyes, los apoya a cursar leyes, salen de las escuelas de leyes y después encuentras maneras de seguir involucrándolos en políticas sobre asuntos legales”, comentó Leo al New Yorker. “Entonces tienes estas secciones, tienes grupos de práctica, tienes una red de trabajo pro bono, tienes un programa de medios –encuentras maneras de mantener involucrados a estos abogados”.

La Federalist Society es tan poderosa que fue capaz de frenar la aprobación de un nombramiento del presidente republicano George HW Bush a la Suprema Corte al considerar que no era suficientemente conservador. Esa agrupación fue parte clave de una red que gastó decenas de millones de dólares para evitar que el presidente Barack Obama lograra llenar uno de los puestos de la Suprema Corte que quedó vacío en su último año en la Casa Blanca.

Pero su momento de triunfo mayor aún estaba por llegar, con la elección de Donald Trump.