El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que el próximo gobierno de Sonora tenga una duración de sólo tres años, de 2027 a 2030, como parte de las reformas a la Constitución local para hacer concurrentes las elecciones estatales con las federales.

Por unanimidad, los ministros avalaron la reforma a la Constitución Política de Sonora que fue promulgada el 2 de marzo pasado e impugnada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática.

El proyecto aprobado fue presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y en él se precisa que los congresos estatales tienen libertad para establecer el tiempo de sus elecciones, así como los periodos del ejercicio de sus gobernadores. El proyecto sostiene que las reformas a la Constitución local son válidas porque la modificación al calendario electoral que se analiza está dentro del ámbito de competencia de las entidades federativas, y en el caso no se acredita una violación a ninguno de los límites dispuestos en el artículo 116 constitucional, explicó.

Los partidos que impugnaban la reforma también argumentaron que un periodo de gobierno de sólo tres años sería insuficiente para cualquier fin práctico, pero la SCJN respondió que la Constitución federal sólo dispone que ningún gobernador puede ejercer el poder por más de seis años y no marca un periodo mínimo.

Una interpretación sistemática y armónica de los artículos 134 y 116 constitucionales obliga a concluir que la Constitución permite a las entidades federativas celebrar elecciones de gubernaturas con una periodicidad menor a seis años, y segundo, los argumentos sobre la idoneidad del periodo de tres años escapan a nuestro ámbito decisorio, que conforme a los precedentes aprobados por ese pleno debe de limitarse a verificar únicamente la regularidad constitucional de las decisiones que están dentro del ámbito de la libertad configurativa de las entidades de la Federación, señaló el ministro ponente.

La mayoría también desestimó las impugnaciones relativas a supuestos vicios en el proceso legislativo, específicamente en la presunta obligación de realizar un parlamento abierto.