El grupo de Morena en el Senado trabaja en un proyecto de Ley General del Agua, con el objetivo de detener la privatización del vital líquido, que avanza y afecta sobre todo a municipios y comunidades en situación de pobreza en todo el país, aseveró el senador Gilberto Herrera Ruiz.

El morenista señaló que es un pendiente que el Congreso tiene desde hace más de 10 años, pero esa ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional, promulgada en 2012, no se ha podido dictaminar y aprobar debido a los fuertes intereses económicos de quienes han hecho un gran negocio del líquido vital en varias regiones del país.

Herrera denunció que incluso en Querétaro se aprobó una legislación local que formaliza la privatización del agua y la convierte en un negocio y no en un derecho humano de toda la población, por lo que es urgente la nueva ley general.

En entrevista, recordó que la Suprema Corte estableció un plazo al legislativo, a fin de que esa ley se apruebe antes de agosto de 2024, que es cuando concluye la actual legislatura, pero se debe sacar lo más pronto posible para frenar el proceso privatizador iniciado hace muchos años, que ha enriquecido a particulares afectando a los pueblos originarios.

Evitar despojos

El senador adelantó que la propuesta es que los recursos acuíferos que están en su territorio pertenezcan a las comunidades indígenas con el objetivo de evitar los despojos de los que han sido víctimas.

Un ejemplo de ello es Amealco, un municipio indígena en el estado de Querétaro que cuenta con grandes riquezas naturales, entre las que destaca el agua, que ha sido objeto de saqueo en detrimento de la comunidad.

Hizo notar que la Constitución Política de alguna manera abre un espacio para que los particulares puedan participar en el tema del agua, pero ese espacio afecta a municipios que son muy pobres y que tal vez no tienen la capacidad de abastecer de agua a su población.

Tal situación la aprovecharon ciertas ciudades como Querétaro, Boca del Río, Aguascalientes y Mérida, para pasarle esa obligación del servicio de agua potable a empresas privadas, compañías francesas, españolas o mexicanas que han lucrado enormemente con el vital líquido.

Cuando hay una asignación, a la Comisión Nacional del Agua los consorcios le pagan un peso por metro cúbico de agua, mientras las empresas la venden entre 20 y 50 pesos . Es un gran negocio que están realizando, recalcó el senador Herrera.

En la entrevista estuvo acompañado de la regidora de Amealco, Josefina Martínez Pascual, quien denunció que los habitantes de varios municipios indígenas llevan alrededor de dos años protestando por la falta de agua potable en sus comunidades y en lugar de recibir apoyo han sido acosados y reprimidos por autoridades estatales de Querétaro. Hay incluso, dijo, encarcelados desde junio por protestar frente a la Comisión Estatal de Aguas.