El recorte al presupuesto del Poder Judicial Federal (PJF) amenaza la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, advirtió el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Explicó que la nueva legislación, promulgada el pasado 7 de junio, establece obligaciones para los juzgados y tribunales que tienen que ver con la oralidad, la digitalización de expedientes, comunicaciones y notificaciones electrónicas, lo que implica modificar su infraestructura, modernización de equipo, contratación y capacitación del personal.

El artículo segundo transitorio del decreto respectivo establece que el nuevo sistema debe estar listo y funcionando el 1º de abril de 2027.

Para eso, en el artículo sexto transitorio se señala: En el caso de la Federación, la Cámara de Diputados, tomando en cuenta la estimación de ingresos aprobados para cada ejercicio fiscal y con base en los principios de austeridad, eficiencia, eficacia y economía, contemplará en los ejercicios fiscales posteriores a la publicación del presente decreto una asignación de recursos presupuestarios para el cumplimiento del presente decreto.

Al participar en las jornadas de introducción al estudio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, organizadas por la Escuela Federal de Formación Judicial, Pardo Rebolledo subrayó que aplicar este nuevo ordenamiento requiere de todo un sistema para audiencia orales que precisa de financiamiento, pero advirtió que dadas las circunstancias que imperan en la actualidad será muy complejo lograrlo.

Siempre existe la posibilidad de que en el siguiente ejercicio fiscal no sólo no se aumente el presupuesto, sino que incluso exista una reducción, lo cual sin duda dificultaría todavía más el que se pueda dar cumplimiento a lo establecido.

Pardo Rebolledo recordó que fue gracias a un fallo de la SCJN que el Congreso de la Unión se vio obligado a elaborar el nuevo código en la materia.