El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto donde propone ordenar a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a fondo los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia, al ratificar el amparo concedido a familiares de Lucio Cabañas Barrientos, líder del Partido de los Pobres, quien murió en un enfrentamiento con el Ejército el 2 de diciembre de 1974.

Juana, Rosa Elena e Irene Nava Cabañas, y Flavia Cabañas Gómez, son las promotoras del amparo, quienes denuncian que entre 1972 y 1973 fueron detenidas ilegalmente y torturadas por elementos de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) con el fin de revelar la ubicación de su familiar.

A principios de siglo, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, de la entonces Procuraduría General de la República, comenzó una investigación por estos hechos; sin embargo, el 16 de febrero del año pasado el fiscal de Control Competencial de la FGR ordenó el no ejercicio de la acción penal por este caso, y por ello las quejosas recurrieron al amparo.

Argumentaron que durante la guerra sucia el gobierno de Guerrero y el Estado mexicano aplicaron una estrategia de exterminio contra la guerrilla con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y cárceles clandestinas, mediante dependencias como la DFS y grupos paramilitares.

Todo ello, señalan, constituyen crímenes de lesa humanidad que conforme al derecho internacional y a la propia legislación nacional no prescriben.

En primera instancia, Juan Mateo Brieba de Castro, juez sexto de distrito de amparo en materia penal, les concedió la protección de la justicia federal, ordenando reabrir el caso, pero la FGR apeló y es así como el asunto llegó hasta la SCJN.

Tocó en turno al ministro González Alcántara hacerse cargo del caso, quien en su proyecto propone ratificar el amparo, pero también ir más allá y ampliar los alcances de la protección constitucional otorgada a las quejosas. Esto incluye llegar al fondo de las investigaciones.

No podrá decretarse el no ejercicio de la acción penal si existen pruebas suficientes para acreditar que los hechos denunciados se encuentran bajo la clasificación de lesa humanidad, advierte uno de los puntos del proyecto.

El ministro señala que, aun cuando sea posible que algunas de las víctimas y sus victimarios ya estén muertos, no puede extinguirse la acción penal, pues se trata de un caso de excepción, como lo son los crímenes de lesa humanidad. Y más allá de castigar a los posibles responsables, se trata de conocer la verdad.

“En atención a lo expuesto, deben prevalecer las consideraciones de esta sentencia respecto al recuento histórico de la guerra sucia, el desarrollo de las normas internacionales referentes a los crímenes de lesa humanidad y, sobre todo, la doctrina expuesta respecto al derecho a la verdad”, indica el proyecto del ministro González Alcántara, programado para votarse el 25 de octubre.