La falta de obligatoriedad en el registro de unidades y conjuntos habitacionales ante la Procuraduría Social (Prosoc) de la Ciudad de México ha derivado en quejas por presuntos malos manejos en la administración de cuotas, privatización de áreas comunes y falta de mantenimiento, indicó la titular de la dependencia, Claudia Galaviz Sánchez.

En entrevista, la funcionaria prevé que este año se dupliquen el número de quejas, pues en 2022 se procesaron 235, y este año podrían cerrar en 480, lo que representa la aplicación de multas por 1.8 millones de pesos, principalmente a quienes se ostentan como administradores de los conjuntos.

Explicó que se trata de personas que, en muchos casos, no rinden cuentas claras sobre el manejo de las cuotas de los vecinos que deberían invertirse en la mejora de las áreas comunes. Uno de los casos lamentables, comentó, ocurrió en una unidad habitacional de la alcaldía Iztacalco, donde falleció una persona por la caída de una escalera a la que no se le dio mantenimiento en más de 20 años.

Se estima que sólo 27 por ciento de las unidades y conjuntos habitacionales está registrado ante la Prosoc, lo que representa unos 3 mil de los 11 mil que existen en la Ciudad de México.

Es importante que los vecinos conozcan la Ley de Propiedad en Condominio, porque a mí me ha tocado ir a conjuntos donde me dicen que el administrador ya tiene 15 o 20 años y no hay poder humano que lo retire. Nosotros hemos tenido casos donde hemos logrado constituir una administración legal, dijo Galaviz, quien destacó que los casos en los que se pudiera presumir la constitución de un delito, como robo, la procuraduría vincula a las personas afectadas a la Fiscalía General de Justicia.

La procuradora llamó al Congreso de la Ciudad de México a aprobar una reforma a la ley condominal para hacer obligatorio el registro de unidades y conjuntos habitacionales para evitar este tipo de problemáticas, así como mejorar los entornos comunes.

Asimismo, llamó a los vecinos a solicitar capacitación para la constitución de las administraciones, las cuales incluso pueden dejarse en manos de empresas que se dedican a ello. Hasta el momento suman 2 mil 450 personas capacitadas y certificadas en lo que va del año.