Ramón Sosamontes, uno de los hombres más cercanos a Rosario Robles Berlanga, y ex jefe de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de 2012 a 2015, quedó sujeto a proceso penal por un desvío de recursos que supera los 300 millones de pesos, al otorgar un contrato con Radio y Televisión del estado de Hidalgo, como pago por servicios que no se realizaron.

Ayer, un juez de control en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, dictó auto de vinculación a proceso contra Sosamontes, “por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, contemplado en el artículo 217 del Código Penal Federal, en la llamada estafa maestra”, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información difundida por la institución ministerial ante autoridades judiciales, el ex funcionario en 2014 presuntamente contrató de manera indebida servicios con recursos públicos con Radio y Televisión de Hidalgo, los cuales no se realizaron, ocasionando con su actuar un detrimento a la Hacienda Pública Federal por más de 353 millones pesos.

Información obtenida de funcionarios ministeriales, la acusación presentada por la Fiscalía Especializada de Control Competencial, está sustentada –además de pruebas documentales como el contrato respectivo–, por el testimonio del que fuera oficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, quien obtuvo un criterio de oportunidad para no ser imputado.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal informó al juez que Sosamontes firmó el convenio de servicios contraviniendo todas las normas que la ley obliga en el uso de recursos públicos destinados a programas de comunicación social, para desviarlos y disgregarlos con propósitos delictivos.

El juez federal otorgó tres meses para realizar la investigación complementaria y le impuso al justiciable la medida cautelar de prohibición de salir del país.

Sosamontes fue titular de Comunicación Social tanto en Sedesol como en la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano entre 2012 y 2015, época en la que de acuerdo con investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y concretadas en carpetas de investigación por parte de la FGR, supera los 5 mil millones de pesos en contratos otorgados a universidades públicas y empresas fantasmas.