as adiciones al Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, o sea el OPD IMSS-Bienestar, precisan una serie de temas que van a permitir avanzar con certeza jurídica en la federalización y universalización de los servicios médicos públicos para la población sin seguridad social laboral, concreción del proyecto de atención médica y medicamentos gratuitos.
Se añade el título quinto, referido a las coordinaciones estatales, dejando en claro que habrá una estructura estatal del OPD IMSS-Bienestar, que es distinta a la de las secretarías de Salud estatales. Este tema es de suma importancia para la operación concreta de los servicios de salud, que fue ignorada por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Ocurrió en cierta medida lo mismo que con el Seguro Popular en cuanto un sistema de financiamiento con prestación mixta, pública y privada, de servicios. Además, se añaden a estos problemas los asuntos todavía no resueltos del proceso de descentralización que supuestamente concluyó en 1997. Asimismo, la claridad respecto de las funciones del OPD puede contribuir a un posterior proceso de integración de un sistema único de salud, público y gratuito en el México del futuro, planteamiento central para alcanzar la equidad en este tema.
Es evidente que una transformación tan radical del sistema de salud en un país de 130 millones de habitantes y grandes desigualdades, tanto rural-urbanas como entre las regiones y estados, es de alta complejidad. Aparte de Chile antes de Pinochet, el único país en América Latina, con excepción de los del Caribe y destacadamente Cuba, que se ha planteado un sistema único, público y gratuito de salud es Brasil con su Sistema Único de Salud (SUS), el cual fue inscrito en la nueva constitución democrática de 1988. Se está construyendo con dificultades, entre otros problemas, por la falta de los recursos financieros necesarios. Por otra parte, su descentralización a los municipios hace muy complejo generar Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), condición para avanzar en servicios equitativos.
A pesar de las críticas, algunas justificadas, al manejo del Sistema Nacional de Salud (SNS) mexicano, también es de reconocer que la pandemia de covid-19 obligó a concentrar todo el esfuerzo del sistema público en la tarea prioritaria de salvar vidas. Igualmente, debe advertirse que el equipo dirigente del Insabi aprovechó la crisis sanitaria para incumplir las labores que le dieron origen. La ley fue explícita respecto de su obligación de prestar servicios de salud, tarea que nunca realizó. Logró firmar acuerdos con algunos gobernadores, que no se concretaron en que recibiera los servicios estatales y los operara. Esto era previsible dada su falta absoluta de experiencia en el sector salud. En esta perspectiva tienen razón los que sostienen que se convirtió en un segundo Seguro Popular o financiador de algunas necesidades.
En este contexto conviene hacer algunas reflexiones sobre los retos que planteó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su evaluación de los programas federales vinculados con el derecho a la salud, 2018-2019. Interesa explorar en este artículo cuáles son los retos que plantea la evaluación antes que los problemas de las preguntas del cuestionario usado. El primer desafío señalado fue avanzar en la integración del sistema público de salud, reduciendo su fragmentación y mejorando los mecanismos de coordinación interinstitucionales, que coincide con la propuesta del OPD IMSS-Bienestar. De la misma manera, ese estatuto tiene como objetivo aumentar y mejorar la infraestructura con prioridad para las comunidades rurales y de difícil acceso geográfico. La actual política coincide también en la necesidad de generar más recursos humanos para la salud e incentivar su distribución territorial en las zonas detectadas con insuficiencia de personal calificado.
Dos retos, planteados por el Coneval, son los que coinciden entre casi todas las propuestas de políticas públicas, es la planeación enfocada en la prevención y promoción de la salud con atención especial a las necesidades de subgrupos de población en desventaja, así como de regiones prioritarias. El primer objetivo de esta política es reducir la epidemia de obesidad y sobrepeso, en particular en niños, niñas y mujeres adultas.
Como se puede observar, los retos son los que cualquier experto propondría. Los conocemos desde hace tiempo, pero no se trata de enunciarlos una vez más, sino de encontrar las maneras de operarlos en una realidad compleja y con recursos insuficientes.
