Simón Pedro de León Mojarro, quien fue coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles y el lunes pasado fue detenido, tenía pendiente de cumplimiento una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por haber firmado un contrato con la Universidad Autónoma de Morelos por un monto superior a 22 millones de pesos.

El ex funcionario se encuentra preso en el Reclusorio Sur, donde un juez federal lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos.

De acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la República (FGR), De León Mojarro fue imputado al igual que 10 personas más, por haber asignado mediante un contrato por 22 millones 944 mil 101 pesos a la UAEM para la creación de un proyecto denominado Servicios de implementación y puesta en operación del Sistema de control de gestión con interoperabilidad y uso de la firma electrónica avanzada.

Las investigaciones refieren que “derivado de este convenio, mediante actas de entrega-recepción se determinó la conclusión de los trabajos en sus etapas de desarrollo y pruebas, operación, implementación y liberación; sin embargo, se puede constatar que la Sedesol no proporcionó evi-dencia de que se haya realizado la migración de los datos del Sistema de control de gestión por implementar utilizado en aquel momento por la Sedesol.

“Tampoco hay evidencia de que se haya contemplado la estrategia de adiestramiento formal especializado en el uso de expedientes para un máximo de 50 usuarios.

Ante esto, es evidente que el Sistema de control de gestión con-tinuaba pendiente de implementarse en todas las áreas de Sedesol, ya que sólo se encontraba operando en la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Oficialía Mayor, por lo que los servidores públicos de la Sedesol destinaron recursos indebidamente a la UAEM por servicios no concluidos, señala la solicitud con la cual la FGR obtuvo la orden de captura de un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México.