El Poder Judicial de la Federación (PJF), integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), destina cada año más de 80 por ciento de su presupuesto a pagar la nómina en todos los niveles, por lo que sólo dispone de 20 por ciento para gastos administrativos e inversión.

La mayoría de las prestaciones para los trabajadores de base y sus regulaciones están establecidas en manuales que cada año publica el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, para los altos funcionarios, como ministros, consejeros, jueces y magistrados, así como los de alto nivel en los órganos jurisdiccionales, hay prestaciones adicionales, como pago por riesgo de su encargo.

Ministros que solicitaron el anonimato revelaron que ellos y sus pares gozan de beneficios especiales de los que poco o nada se conoce fuera del ámbito judicial, como pasaporte diplomático y apoyo logístico para evitar el control de aduana y migración en sus entradas o salidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Entre sus prestaciones está una oficina de atención, en la que unos 20 funcionarios se encargan de reservar vuelos y alojamientos, y hacer diversas gestiones, como intervención legal, con apoyo de otras autoridades, para la obtención o renovación de pasaportes, licencias de manejo y hasta pago de trámites, medicamentos y alguna reposición de gastos, que al final corren a cargo del presupuesto de la Corte.

De esa oficina de gestoría se benefician ministros en ejercicio y en retiro, sus familias, ayudantes, colaboradores o cualquier otra persona para quien pidan ayuda.

Cada ministro dispone de una tarjeta bancaria, con cargo al presupuesto del máximo tribunal, con más de 60 mil pesos mensuales para pago de comidas y atenciones para ellos, sus familias e invitados.

Asimismo, tienen dos camionetas blindadas y escolta. En caso de que alguna de sus unidades sufra alguna descompostura, pueden solicitar a los servicios generales de la Corte que les envíen otra de remplazo. En la sede de la Corte, Pino Suárez 2, hay al menos 10 vehículos para atender contingencias.

En el presupuesto de este año la SCJN tiene asignados 5 mil 630 millones 534 mil 430 pesos, y el CJF, mil 286 millones 576 mil 408.

Pese a los roces del PJF con los poderes Ejecutivo y Legislativo, el presupuesto que asigna la Cámara de Diputados a la Judicatura y a la Corte ha tenido un incremento constante en los últimos cinco años, que representa más de 20 por ciento.

En el caso de la Judicatura, el organismo con más personal y estructura del PJF, su presupuesto pasó de 56 mil 460 millones 188 mil 830 pesos en 2019, a 68 mil 933 millones 886 mil 433 en 2023, un aumento de 22.09 por ciento.

Lo relevante es que gran parte de los recursos para los tres organismos del Poder Judicial se destina al rubro de servicios personales, con un total de 59 mil 642 millones 827 mil 771 pesos. De esa cantidad, la porción más alta no va directamente a salarios de sus trabajadores permanentes, que reciben sólo 9 mil 165 millones 642 mil 288 pesos, sino que más de la mitad, 32 mil 163 millones 946 mil 105, se destina a pago para otras prestaciones sociales y económicas.

En ese renglón entran asignaciones adicionales, ayuda al personal operativo, pago por riesgo, ayuda de despensa, estímulos por los días del Padre y de la Madre, un fondo de reserva individualizado, horas extras y capacitación, según explica el Manual de Remuneraciones del CJF.

Hay además otros rubros que se suman a servicios personales y que hacen que este concepto se lleve 86.52 por ciento del presupuesto anual del CJF, entre ellos el de remuneraciones adicionales y especiales, previsiones y el pago de estímulos a servidores públicos.

En la SCJN la situación es similar, pues los servicios personales se llevan 83 por ciento del presupuesto.

En 2019, tuvo un presupuesto de 4 mil 657 millones 931 mil 489 pesos, y este año se le asignaron 5 mil 630 millones 534 mil 430, lo que implica que ha crecido en 20.87 por ciento.

Sin embargo, a pesar del crecimiento de recursos en el CJF y la SCJN en los últimos cinco años, el número de su personal no ha aumentado ni en la mitad de ese porcentaje, lo que puede explicar el exceso de trabajo del que frecuentemente se quejan los empleados de los niveles más bajos de los juzgados, tribunales e incluso la Corte.

La Judicatura tiene una plantilla de 48 mil 763 trabajadores, número que creció 9.9 por ciento desde 2019. En la Corte el aumento del número de trabajadores en el mismo lapso es aún menor, de 6.9 por ciento, para alcanzar actualmente 3 mil 594 plazas.

El TEPJF, con el presupuesto más pequeño del PJF, con 2 mil 980 millones 70 mil 263 pesos, destina 81.82 por ciento de ese dinero a salarios y prestaciones. En los últimos cinco años, los recursos que recibe han crecido 14.81 por ciento, descontando el incremento de 2021, cuando, por ser año electoral, su presupuesto rebasó 3 mil millones de pesos, para luego volver a la normalidad.

En 2023, gastará 2 mil 438 millones 216 mil 473 pesos en nómina y prestaciones, con mil 560 plazas ocupadas. Eso significa que cada uno de sus empleados gana más de millón y medio de pesos anuales en promedio. Además de las prestaciones de ley, estos trabajadores tienen remuneraciones adicionales, como pago por riesgo, ayuda por jornadas electorales, vestuario, despensa, estímulos por los días de la Madre y del Padre, y más de 60 millones de pesos de previsión para conservar las condiciones de decoro y suficiencia en las remuneraciones de los servidores públicos del TEPJF.