Morena en la Cámara de Diputados detalló que a partir de 2013, los subejercicios del Poder Judicial de la Federación (PJF) ascienden a 60 mil millones de pesos, que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación y alimentaron el cochinito de los fideicomisos.

En 2022, dijo el coordinador de la bancada, Ignacio Mier, el PJF dejó de gastar mil 200 millones de pesos, pero sacrificó la compra de material para juzgados y no devolvió el dinero. Además, ante las críticas por que la extinción de los fideicomisos afectará las pensiones y jubilaciones del personal, sostuvo que de los 9 mil millones del fideicomiso para ese rubro, se utilizan 75 millones.

Sólo se paga a unas pocas personas. De los 14 fideicomisos, 13 no están en la ley y tres consideran derechos adquiridos en materia laboral; en suma, son 600 los trabajadores, de los cuales, únicamente 181 son operativos y escoltas, declaró.

Mier manifestó que el resto del dinero está depositado en un instrumento que no es transparente, no se saben sus rendimientos. Imagínense, nada más en rendimientos cuánto significan 9 mil millones de pesos al año.

Confirmó que el dictamen aprobado anteayer en la Comisión de Presupuesto se discutirá en el pleno en la sesión del próximo martes, y minimizó la advertencia de la oposición, que anticipó la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que opera seis de los fideicomisos a extinguir, donde hay 6 mil 341 millones de pesos.

Expuso que en ese caso, la Corte será juez y parte, pero acotó que los derechos laborales adquiridos por el personal del PJF se garantizan en el artículo 3 transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se define que los pagos del personal, incluido sus funcionarios, es decir, jueces y ministros, serán absorbidos con los recursos del propio fideicomiso.