Aun cuando existe una orden judicial con apercibimiento de posibles acciones de tipo penal, la alcaldía Coyoacán ha sido omisa en reponer sellos de suspensión en la obra que se realiza en Gómez Farías 106, colonia Del Carmen, donde se pretende establecer un restaurante con un certificado de uso de suelo por reconocimiento de actividad otorgado de manera indebida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), lo que ha permitido que continúen los trabajos iniciados en agosto de 2022.

Para impedir la violación al uso de suelo en el predio –en una zona donde los usos permitidos son habitacional unifamiliar y para espacios abiertos (parque y jardín) y que colinda además con un inmueble afecto al patrimonio cultural urbano de valor artístico– fue necesario promover un juicio contra actos y omisiones de ambas autoridades, que se ha prolongado ya por un año, explicó el representante de la comisión de participación comunitaria de la colonia, Manuel Palacios y Sierra.

Comentó que en el caso de la alcaldía observó un modus operandi que consiste en ir a un procedimiento jurídico tan largo que da tiempo a los particulares para terminar una obra irregular, como en Centenario 60, donde opera un restaurante.

Pruebas contundentes

Dentro del juicio de amparo se demostró que al inmueble corresponde un uso habitacional, no cuenta con permisos, manifestaciones, autorizaciones ni documentación para operar como restaurante y el certificado por reconocimiento de actividad fue obtenido de forma irregular en la Seduvi el 19 de octubre de 2022.

Esto último, porque no es posible demostrar que tenía al menos cinco años operando con ese giro. La titular de la propiedad, María del Pilar Santos de Pilgram, no fue quien tramitó la certificación, sino su arrendadora, Lorena Mirentzu Isla Saavedra, que si bien la ley lo permite al demostrar su interés con el contrato de arrendamiento, en éste se especifica un uso habitacional y así lo corroboran declaraciones de impuesto predial de 2017 a 2022.

El juez concedió en febrero la suspensión provisional de los efectos del certificado y en marzo la suspensión definitiva. La alcaldía impuso la suspensión de la obra, pero al desaparecer los sellos y negarse a reponerlos, como se le solicitó desde el pasado 13 de junio, ha permitido que los trabajos continúen, como demostró Palacios ante el juzgado mediante actas certificadas por notario público.