San Salvador. Un juzgado salvadoreño anuló antier la sentencia contra Lilian, joven condenada en 2015 a 30 años de prisión después de que tuvo un parto en un hospital público y su hija murió 72 horas después.

Ha sido una tarde muy fructífera. Hemos ganado; la jueza nos ha dado esta tarde la anulación de sentencia, comentó la abogada Jea-nette Canales al salir del tribunal.

El juzgado segundo de sentencia de Santa Ana, ciudad ubicada 62 kilómetros al occidente de San Salvador, realizó la audiencia de revisión luego de que una cámara superior ordenó el procedimiento, solicitado por los abogados con el argumento de que hubo irregularidades en el proceso penal.

Los abogados de la Agrupación Ciudadana Por la Despenalización del Aborto, organismo sin fines de lucro, explicaron que Lilian, quien entonces tenía 20 años, tuvo un parto en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana y su hija murió 72 horas después estando bajo cuidado del personal del hospital, pero esa institución no aceptó la negligencia y ella fue procesada penalmente y condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado.

Durante la audiencia, los abogados de la joven alegaron violaciones al debido proceso y presentaron pruebas de la inocencia de Lilian.

Se penaliza toda forma de aborto

La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que lo practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años de cárcel. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima, y las mujeres pueden llegar a ser condenadas a entre 30 y 50 años de prisión.

Entre 1974 y 1998, El Salvador tenía una de las legislaciones más progresistas de América Latina. Contemplaba tres tipos de aborto: ético, eugenésico y terapéutico, pero en 1998 entró en vigor una reforma al Código Penal para penalizar el aborto de manera absoluta, y en 1999 se reformó la Constitución para reconocer a la persona humana desde el instante de la concepción.

El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíben el aborto sin excepciones, junto con Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado salvadoreño derogar la ley que prohíbe la interrupción del embarazo, pero sin resultados.

La mayoría de las mujeres juzgadas y castigadas son jóvenes pobres que no tienen acceso a servicios médicos ni pueden costear un viaje al extranjero para someterse a un aborto, ni pagar buenos abogados sin son juzgadas. A veces son víctimas de violaciones.

En las dos últimas décadas, más de 200 mujeres que tuvieron emergencias obstétricas en El Salvador han sido criminalizadas, de acuerdo con la Agrupación Ciudadana Por la Despenalización del Aborto, que busca la liberación de estas mujeres desde 2009. En total 72 han sido excarceladas con la ayuda de esta organización y sus aliados.