La Presidencia de la República, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de estar cayendo en dilación injustificada en la impartición de la justicia en torno a la resolución de la controversia promovida por el gobierno de Coahuila, relacionada con la distribución de los libros de texto gratuitos.

En tal sentido exhortó a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, a turnar a la brevedad ese expediente al ministro Arturo Zaldívar para proceder a su resolución. Horas más tarde el máximo tribunal, rechazó estar retrasando intencionalmente la resolución de los recursos del gobierno federal contra la suspensión que impide el reparto de libros en Coahuila. En respuesta a los señalamientos de la CJEF, sostuvo que estos asuntos siguen su trámite legal.

Se trata de los recursos de reclamación 342/2023-CA y 346/2023-CA promovidos por el gobierno federal, iguales a los que se presentaron contra la decisión similar tomada en el caso de Chihuahua, que se votaron la semana pasada, y se ordenó desechar las controversias del gobierno estatal y permitir el reparto de los textos.

En esa ocasión, los ministros de la primera sala señalaron que hay muchos precedentes de casos similares que señalan que los gobiernos estatales no pueden impugnar normas federales cuya aplicación no cause perjuicio a su esfera jurídica, como es el caso de la elaboración, producción y distribución de los libros. Se prevé que, por tratarse del mismo tema, las impugnaciones sobre el caso de Coahuila sigan el mismo destino que las de Chihuahua.

La Consejería cuestiona que mediante el acuerdo del 5 de septiembre, se determinó turnar el expediente a Zaldívar pero a más de 30 días no se le ha remitido al ministro para su análisis y elaboración del proyecto de resolución. En consideración de la CJEF, se trata de un asunto análogo al que resolvió la Primera Sala de la SCJN el 4 de octubre, relacionado con una controversia similar promovida por Chihuahua, por lo que debe solucionarse en el mismo sentido.

La Consejería exhorta a Piña a no retrasar la impartición de justicia y recuerda que el artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre la justicia de manera pronta, por lo que los juzgadores están obligados a actuar de manera rápida y sin poner obstáculos que retrasan la resolución de los conflictos.

Señala que el retraso en el procedimiento para resolver el recurso afecta a los alumnos de Coahuila que iniciaron los cursos sin contar con los materiales de la Secretaría de Educación Pública, necesarios para su formación académica, sin ponderar las consecuencias negativas en las actividades de los escolares de educación básica en esa entidad.

Por lo anterior, instó a que ya se remita el expediente al ministro ponente; no hacerlo perjudica la educación de niñas, niños y adolescentes del estado de Coahuila.