Asociaciones de jueces y magistrados externaron su más amplio rechazo a la iniciativa que busca extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que, dijeron, en su mayoría financian objetivos de infraestructura y administración, y prestaciones laborales en los órganos de justicia.

En un comunicado, sostuvieron que, de aprobarse la propuesta, se consumaría un grave ataque a la independencia judicial, que redundará en perjuicio de la sociedad, pues quedará afectado el derecho a una administración de justicia pronta y especializada, y en esa forma el Estado mexicano incumplirá la responsabilidad asumida ante la comunidad internacional.

Suscribieron el comunicado la magistrada Rosa Elena González Tirado, presidenta del Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés); la magistrada Hortencia María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras; la magistrada Gloria Avecia Solano, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas; Rosa Elena Alonzo Méndez, directora del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, y Froylán Muñoz Alvarado, director de la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó ayer una iniciativa del diputado morenista Ignacio Mier, que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y permite el traslado de unos 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación.

La propuesta debe pasar aún por el pleno. En la comisión tuvo el respaldo de Morena y sus aliados, PT y PVEM, y el voto en contra de la oposición.

Jueces y magistrados advirtieron que la propuesta atentaría contra los derechos laborales de los trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal y pondría en riesgo la subsistencia de miles de familias mexicanas, al afectar prestaciones que constituyen derechos adquiridos con base en las condiciones generales de trabajo, máxime que quienes laboramos al servicio de la justicia federal tenemos prohibido legalmente contar con otra fuente de ingresos.

Demandaron respeto al derecho de los empleados de la Judicatura a una remuneración decorosa por el desempeño honesto y responsable de su trabajo, así como libre de influencias y presiones externas.