Guatemala. Miles de guatemaltecos exigieron ayer la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusan de persecución contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, al cumplirse una semana de protestas con bloqueos que empiezan a generar desabasto de combustible y alza de precios de productos básicos.

Arévalo advirtió sobre posibles planes del Ministerio Público (MP) para generar un ambiente de tensión que justifique declarar el estado de sitio y reprimir las manifestaciones en defensa de la democracia, y contra intentos de alterar el orden constitucional.

La Conferencia Episcopal apremió al mandatario saliente, Alejandro Giammattei, a cumplir con la responsabilidad que el pueblo le confió y pedir la renuncia de Porras, quien a su vez llamó al Ejecutivo a poner fin a los bloqueos y manifestaciones en su contra, así como de otros funcionarios judiciales.

Las movilizaciones comenzaron la semana pasada para exigir respeto a la voluntad popular expresada en los comicios y contra intentos de golpe de Estado mediante ataques al proceso electoral.

El paro nacional es resultado de acciones de organismos del Estado, principalmente del MP que, con apariencia de legalidad, son contrarias al bien común, expresó la Conferencia Episcopal.

La confiscación de las actas del proceso electoral –agregó– estuvo amparada por la decisión de un juez y dicha acción se percibió contraria a la ley que otorga supremacía al Tribunal Supremo Electoral en materia comicial.

Con banderas guatemaltecas una multitud protestó afuera de la sede del MP en la capital, mientras miles mantenían bloqueados un centenar de tramos carreteros en todo el país, estimó la policía.

¡Fuera corruptos! ¡Fuera golpistas! ¡Renuncien!, se leía en pancartas que llevaban manifestantes frente a la Fiscalía y otras instituciones estatales, mientras hacían sonar silbatos y cornetas.

Desde hace ocho días se mantienen los bloqueos para exigir la salida de Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, luego de que éstos ordenaron allanar el tribunal electoral por presuntas anomalías en las dos rondas de votación, en junio y agosto pasados.

Respaldado por Estados Unidos, la Unión Europea, otros países y organismos internacionales, Arévalo considera que los tres funcionarios judiciales atentan contra la democracia y buscan evitar que asuma la presidencia el 14 de enero.

Arévalo, quien este fin de semana cumplió 65 años, los acusa de liderar un golpe de Estado en curso por el temor a su promesa de luchar contra la corrupción.

La Dirección General de Aeronáutica Civil alertó que el aeropuerto internacional La Aurora agotó sus reservas de combustibles y a partir del hoy no podrá abastecer los aviones, y atribuyó la crisis al paro en defensa de la democracia.