En medio de la revisión de quejas que realiza la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena relacionada con los procesos internos, dicha instancia mantiene abierto un expediente en contra de Carlos Lomelí Bolaños, uno de los cuatro aspirantes propuestos por el consejo local para ir por la coordinación estatal de defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco.

La comisión también admitió un proceso ordinario sancionador contra Adela Ramos, diputada federal de Chiapas, que pidió frenar la distribución de los libros de texto gratuitos, al tiempo que admitió otra queja contra Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo que fue exhibida en un video junto con Celso Ortega, presunto cabecilla del grupo delictivo Los Ardillos.

Respecto al recurso contra Lomelí Bolaños, el quejoso reclama que intervino de manera evidente y clara en el proceso interno nacional, que ya concluyó. Además, se solicita al órgano que lo cese de manera preventiva de su cargo en el consejo estatal. La instancia de justicia de Morena resolvió en primera instancia admitir el recurso, sin que signifique hasta el momento que se acredite alguna infracción. Respecto a las medidas cautelares, se reservó su postura sobre dichas acciones.

Sobre las acusaciones contra Hernández, en el expediente iniciado por la Comisión se le acusa por supuestas conductas contrarias a la normatividad interna del instituto político. Se explica que del 8 al 12 de julio pasado Chilpancingo fue asediada por hechos de violencia inusitada que han afectado la paz social de la población, la economía local y estatal con el bloqueo de la Autopista del Sol, lo que tuvo el claro propósito de intentar desestabilizar el gobierno de Evelyn Salgado.

Destaca que como detonante se difundió en medios de comunicación “la reunión de la compañera militante y consejera estatal de Morena Norma Otilia Hernández Martínez con un presunto líder de un grupo delictivo de la región denominado Los Ardillos”, por lo cual se pide la suspensión de su militancia. El caso aún es debatido por la instancia partidista.

En cuanto a la queja contra la diputada Ramos, los quejosos presentaron una larga relatoría con declaraciones mediáticas de la legisladora en las que se opone al reparto de los libros de educación básica.