El programa Quédate en México no implica la detención de persona alguna, sino por el contrario, la concesión de los derechos inherentes a una estancia por razones humanitarias, señala el proyecto de sentencia que presentará el próximo 11 de octubre la ministra Yasmín Esquivel Mossa sobre un juicio de amparo que cuestiona la legalidad del acuerdo de política migratoria firmado por autoridades mexicanas y estadunidenses.

El proyecto, del cual La Jornada posee copia, se propone desechar por improcedente el juicio de amparo promovido por la organización no gubernamental Fundación para la Justicia, y reitera el criterio adoptado por los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que la declaración conjunta que contiene el posicionamiento del Estado mexicano se trata de un acto de política exterior, por lo que su análisis es improcedente en el juicio de amparo.

El texto elaborado por la ministra Esquivel Mossa puntualiza que la primera sala, al dictaminar el juicio de amparo 302/2020, señaló que se “determinó que por razones humanitarias se admitirá, de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras a México provenientes de Estados Unidos por un puerto de entrada o que hubieren sido aprehendidas entre puertos de entrada, que hayan sido entrevistadas por las autoridades migratorias y que tengan un citatorio para presentarse ante una persona juzgadora migratoria estadunidense.

Se indicó que dichas personas podrían permanecer de manera temporal en el país y gozar plenamente de sus derechos y libertades, entre ellos, solicitar un permiso para trabajar y tener acceso a servicios legales.

Relación de coordinación

De aquella determinación de la primera sala, agregó, se desprende que México únicamente mantendría una relación de coordinación con el gobierno estadunidense con la finalidad de reconocer y proteger los derechos constitucionales y convencionales de los migrantes, haciendo especial énfasis en que las decisiones de aquel país eran unilaterales y que México no las compartía.

En el análisis del amparo 606/2022, presentado por la Fundación para la Justicia, la ministra Esquivel Mossa propone a sus compañeros integrantes de la segunda sala (los ministros Loretta Ortiz Ahlf, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales) que el recurso sea desechado por improcedente.

En tanto, respecto al despliegue de la Guardia Nacional, Esquivel Mossa refiere en su proyecto que el acto de autoridad tiene como objetivo incrementar las labores de seguridad y protección de las personas migrantes en los municipios en que ingresan a México y con la finalidad de vigilar que éstos no sean objeto de actos ilícitos por parte de grupos delincuenciales.

El texto propone que los integrantes de la segunda sala avalen el proyecto y voten por desechar el amparo, pues –sostiene– del contenido de la declaración conjunta firmada entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos se advierte que el objetivo de dicho despliegue (de la Guardia Nacional) es con la finalidad de realizar acciones decisivas para desmantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas, así como sus redes de financiamientos y transporte ilegales.