Guadalajara, Jal., Acciones contundentes para terminar con la contaminación del río Santiago ante las secuelas en la salud de pobladores y las muertes que ha provocado, sobre todo de Juanacatlán y El Salto, exigieron vecinos y ambientalistas de ambos municipios a las afueras del Congreso de Jalisco.

En la plaza Liberación, frente al recinto, recordaron que 15 años atrás el niño Miguel Ángel López Rocha, de 8 años, jugaba afuera de su casa cuando resbaló y cayó en la unión del canal El Ahogado con el río Santiago, en la colonia La Azucena en El Salto. Tras estar en coma 19 días falleció el 13 de febrero de 2008, intoxicado por las aguas residuales que vierten las empresas de los diferentes corredores industriales en la zona.

Ya son 15 años de este trágico hecho que movilizó y despertó la indignación de las poblaciones afectadas, las organizaciones sociales y la academia local, nacional e internacional, y no ha habido acción gubernamental contundente para remediar los daños ambientales y sociales, mucho menos para enfrentar la contaminación de origen industrial. En cambio, la constante ha sido negar la gravedad del problema y reiterar que las plantas de tratamiento de aguas residuales resolverán todo, señalaron.

Datos de las organizaciones estatales refieren que, de 2008 a la fecha, han fallecido 2 mil 347 personas en esa zona por enfermedades derivadas de la contaminación. Las principales causas de muerte son padecimientos renales y pulmonares y cáncer.

Las empresas, principales responsables del colapso socioambiental que se vive en el río Santiago y lago de Chapala, son intocables por los tres niveles de gobierno, a pesar de que la contaminación está comprobada de manera oficial en diferentes estudios realizados de 2008 a la fecha por las autoridades, los investigadores y las organizaciones civiles. Nada ha cambiado, éstas continúan impunes, agregaron en un pliego entregado a los diputados.

Acusaron que entre las compañías contaminantes están la suiza Nestlé, la estadunidense Huntsman, la francesa Virbac, la alemana Sachs, la japonesa Quimikao; además de mexicanas como Grupo Urrea, entre las que se ha podido comprobar las descargas sobre todo de metales pesados y que suman casi 300 industrias.

En 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la medida cautelar 708-19, resolución 07/2020 a favor de los pueblos aledaños al río Santiago y el lago de Chapala, tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a raíz de la contaminación ambiental en ambos cuerpos de agua, recordaron.

Los pobladores criticaron que a nivel federal y estatal han pasado gobiernos de todos los colores, pero no se han tomado las medidas inmediatas y pertinentes para solucionar el grave problema de salud pública.

En lo que va de 2023, según cifras de los activistas, han fallecido 117 personas en su mayoría de cáncer (78) y de insuficiencia renal (39), además de 364 personas que están enfermas por esos mismos padecimientos.