Madrid. El presidente del gobierno en funciones y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, por fin reconoció públicamente ayer que ya negocia con las formaciones independentistas catalanas una ley de amnistía en la que se pretende eximir de sus responsabilidades penales a los principales líderes del proceso separatista fallido de octubre del 2017.

Al ser interrogado sobre este punto importante en los acuerdos para su relección, el presidente del gobierno respondió durante la reunión de primeros ministros europeos, celebrada en Granada: Es una forma de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España.

Sánchez es el candidato oficial a la investidura, después de que el rey Felipe VI, en su calidad de jefe de Estado, lo encomendó a formar un gobierno, tras el fracaso del candidato del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por lo que ya son públicas las negociaciones con los grupos independentistas catalanes, vascos y gallegos de cara a conseguir una mayoría para sacar adelante la investidura.

A pesar de que los contactos y el diálogo iniciaron al día siguiente de la noche electoral del pasado 23 de julio, tanto Sánchez como el resto de su partido todavía no hablan abiertamente de la ley de amnistía como algo que está en la agenda del debate, como sí hace y defiende abiertamente su socio de gobierno, la coalición de izquierdas Sumar, cuya lideresa y actual vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, incluso viajó a Bruselas para reunirse con el ex presidente catalán Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya y el más reacio a apoyar la investidura.

Sánchez refirió durante su participación en la cumbre a la propuesta que su socio en el gobierno, Sumar, presentará el próximo martes en Barcelona, en la que prevé una exoneración de cualquier causa penal a los ciudadanos que hayan participado en actividades vinculadas al proceso separatista desde el año 2013.

No es la posición del PSOE. Conocemos la propuesta de Sumar y la de otros partidos políticos respecto de la amnistía, que no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales en 2017. Los españoles han hablado. Nuestro deber es tratar de lograr cuanto antes un gobierno. Entiendo que me pregunten cuál va a ser el acuerdo. Estamos en plena negociación. No habrá pacto hasta que todo esté asentado.

El rey emérito gana batalla judicial

En otro asunto, el rey emérito español Juan Carlos I obtuvo una importante victoria judicial en los tribunales ingleses, donde fue acusado por su ex amante y socia, la princesa alemana Corrina Larsen, por un supuesto delito de amenazas y acoso.

El tribunal, que analiza la causa desde hace tres años, finalmente dictaminó que la jurisdicción del Reino Unido no es la más idónea para juzgar el caso.

Así, la demanda no se ajusta a las normas procesales exigidas a la hora de redactar una acusación de acoso. Del modo en que se ha presentado, su declaración no me ofrece bases razonables para sostener esa pretensión, explicó en el falló la magistrada Rowena Collins Rice. La causa todavía admite un recurso, pero tiene escasas probabilidades de prosperar.

Un vocero del ex monarca explicó que con el fallo judicial se restablecen las condiciones necesarias para más apariciones públicas del rey emérito, quien actualmente vive en Emiratos Árabes, en la ciudad de Abu Dabi, precisamente a raíz dela proliferación de escándalos en torno a su mandato por casos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, falsedad documental y sus reiteradas infidelidades a su todavía esposa, la reina Sofía.