a panga se mece al compás de las olas que las aguas del mar producen en ese momento de la mañana. Eso es lo que sentimos mientras cruzamos por la bahía de Ohuira, en Topolobampo, ubicada en el municipio sinaloense de Guasave; pero los yoremes que nos acompañan nos corrigen: dicen que no es el viento quien provoca las olas sino Bahue jam yöla, la abuela del mar, matrona del océano y de los seres que lo habitan, la dueña del Itom baawe ania, el mundo del mar para los yoremes. Nos explican que desde hace años anda enojada porque unos yoris –extranjeros y mestizos– quieren destruir el mundo marino construyendo una fábrica de amoniaco a las orillas del mar, que de instalarse contaminaría las aguas de la bahía, destruiría plantas y animales endémicos, cancelaría las posibilidades de desarrollo del pueblo yoreme ahí asentado y representaría un potencial peligro para los habitantes de la región.

No es para menos. Ya desde hace años la bahía soporta las descargas de los drenajes de Topolobampo, las de químicos que produce la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, las de las granjas camaronícolas que abundan, lo que la convierte en una bahía bastante contaminada. Pero una cosa es eso y otra la instalación de una fábrica para la producción de 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco anhidro, insumo base para la producción de fertilizantes, que es lo que la compañía Gas y Petroquímica de Occidente SA de CV, de capital alemán y arropada por empresarios y políticos mexicanos, pretende realizar. De instalarse el proyecto, dicen, la bahía se convertiría en una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento y si esto llegara a suceder la catástrofe envolvería a la región.

Lamentablemente para ellos, el proyecto cuenta con la anuencia de los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal– quienes les han otorgado todas las facilidades para que se instalen, argumentando que el fertilizante es necesario para el desarrollo agrícola del país. Sólo que los ciudadanos del municipio y de otros circunvecinos, así como los pueblos Yoreme que habitan los alrededores de la bahía y viven de ella, no piensan de igual manera. Con el conocimiento que tienen de su entorno y el apoyo de estudios científicos han demostrado los costos ecológicos, sociales, culturales y ambientales que la instalación del proyecto acarrearía a la región. Algunos inclusive ya se notan. Durante el recorrido se pudo constatar la destrucción de manglares y de un sitio sagrado de los yoreme por las construcciones realizadas para ganarle espacio al mar.

Para oponerse al proyecto los inconformes se han agrupado en el movimiento ¡Aquí no!, y han echado mano de cuanto instrumento legal y político han tenido a su alcance para evitar la consumación de lo que consideran un ecocidio y etnocidio. Alrededor de una docena de amparos por diversos actos violatorios de los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos la omisión de consultarlos antes de emitir actos que pudieran violentar sus derechos, o la destrucción de sus territorios y el peligro de que desaparezcan sus fuentes de alimentación y prácticas culturales, han sido presentados ante los tribunales federales que, por su trascendencia, algunos han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la mayoría de ellos ya están resueltos, unos dando la razón a los quejosos, otros negándoselas, otros están en espera de resolución.

Junto con las vías judiciales los inconformes han echado mano de la movilización política, muy sui géneris por cierto, pues en varios casos han sido movilizaciones acuáticas, donde cientos de pescadores expresan su inconformidad en las aguas de la bahía, exigiendo se respete su fuente de trabajo y su derecho a una vida digna. También realizan denuncias públicas por lo que está sucediendo, campañas de información para que la ciudadanía tome conciencia del problema que representa que la planta industrial se instale en la bahía; o cabildeos entre funcionarios para contrarrestar el lobby de los empresarios para lograr sus pretensiones. En todas estas actividades han dejado bastante claro que no están en contra de la planta petroquímica, sino de la pretensión de los empresarios que la impulsan de instalarse justo en donde representa un peligro para los habitantes de la bahía.

Las alertas están al máximo. Junto con los rumores de que en estos días se emitirán sentencias de los amparos que faltan, corre la provocación de la empresa de iniciar los trabajos sin conocerse todavía el sentido de las resoluciones judiciales. A esto se une la noticia de otro proyecto para producir amoniaco, que pretende instalarse en el mismo lugar. Por eso los opositores a éstos preparan una gran movilización para el mes de noviembre. Las olas del descontento se siguen moviendo. Mientras, esperan ver si es seria esa declaración presidencial de que ningún proyecto que implique afectaciones ambientales será aprobado.