Promulgada en noviembre de 2019, la Ley Federal de Austeridad Republicana, encaminada a ejercer con racionalidad y honradez el gasto público y evitar derroches, despilfarros, dispendio y todo tipo de privilegios para funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y para los integrantes del Poder Judicial, así como de los órganos constitucionalmente autónomos, no ha podido ponerse en marcha, ya que desde hace cuatro años la Suprema Corte mantiene sin resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición.

La ley prohíbe contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, los seguros de gastos médicos privados, así como crear fideicomisos, lo que al parecer no les gusta a los ministros y por ello no resuelven el recurso, comentó el senador de Morena, César Cravioto.

Resaltó que el grupo mayoritario respalda la decisión de la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, de formular un llamado a la Corte para que no sólo señalen supuestas omisiones del Legislativo y hagan también su trabajo, ya que tienen muchos pendientes, entre éstos dicha ley de austeridad.

Es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de instaurar la austeridad como política de Estado, obligatoria también para el Poder Judicial y órganos como el Instituto Nacional Electoral (INE), que se han negado a disminuir sus altísimos salarios y prestaciones.

La ley se aprobó en noviembre de 2019 y el 13 de diciembre de ese mismo año los senadores de PAN, PRI, PRD y MC presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la misma, que hasta la fecha no resuelve la Suprema Corte.

Es claro, comentó la senadora Ana Lilia Rivera, que uno de los poderes, el Judicial, se resiste a la austeridad y el expediente lo tienen hasta abajo de la pila de asuntos rezagados, porque los ministros no quieren perder los 40 privilegios que tienen.

Billetazos

Por otra parte, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, advirtió que la mayoría de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte toman sus decisiones a base de billetazos o de presiones.

La senadora de Morena puso como ejemplo, el caso del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Mondragón, quien “sin querer “confesó ayer que en la demanda que ella presentó contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, por violencia política de género, la sentencia se extralimitó más allá de lo que solicitaba el dueño de Elektra.

Es decir, precisó la senadora, “al oligarca y traficante de influencias no sólo le levantaron las medidas cautelares como lo solicitó, sino que además invalidaron la admisión de la queja, con lo que impidieron que el asunto se discutiera a fondo en la sala especializada del TEPJF. Es decir, validaron que me siga denigrando y violentando.