En lo que va del año, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha abierto 19 expedientes por presuntas infracciones electorales del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría por expresiones emitidas en sus conferencias matutinas.

Una vez analizados, 16 casos pasaron para su evaluación a la Comisión de Quejas y Denuncias, de los cuales 11 fueron declarados procedentes y cinco improcedentes.

En esta comisión se determinan las medidas cautelares o de aplicación urgente, que casi siempre van en dos vías: ordenar el retiro de extractos de las conferencias de prensa de Palacio Nacional y/o solicitar al jefe del Ejecutivo abstenerse de hacer manifestaciones de tipo político electoral, ni en sentido positivo ni negativo.

La consejera presidenta de la comisión, Claudia Zavala, afirmó que el INE no censura, sino que se limita a recordar lo que señala la Constitución en cuanto a preservar la equidad de las contiendas.

El análisis de fondo de todas las denuncias (tanto contra el Presidente como contra diversos actores políticos) no lo realiza el INE, pues corresponde a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, a la sala superior, cuyas resoluciones son definitivas e inapelables.

Magistrados y consejeros explican que el mandatario está en un régimen especial, no sólo porque la ley electoral en México no prevé sanciones para servidores públicos, sino porque es el único de la estructura que no tiene superior jerárquico.

El 21 de septiembre pasado, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a la Presidencia de la República colocar, antes del inicio de las mañaneras, una cortinilla –en modo visual y escrito– referente al artículo 134 constitucional, que señala las responsabilidades de los funcionarios sobre el uso imparcial de los recursos a su cargo.

Lo anterior no tiene precedente y, de acuerdo con el INE, fue una medida necesaria dado que existe un riesgo real de que la conducta ocurra nuevamente porque se han dictado múltiples medidas cautelares y el Presidente de México ha sido recurrente en realizar manifestaciones de índole político o electoral.

En cuanto a los expedientes en contra del mandatario, todos han sido interpuestos por partidos y algunos legisladores de oposición, incluida Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial impulsada por PAN, PRI y PRD.

Las infracciones más comunes atribuidas al funcionario son por uso indebido de recursos públicos (por ocupar la tribuna de la mañanera para hacer manifestaciones políticas) y transgredir los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

La primera de este año se dio porque López Obrador dijo el 27 de marzo que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, y entre las más recientes, las de Gálvez, por presunta violencia política en razón de género e incumplimiento de medidas cautelares.