Toluca, Méx., Al igual que a nivel federal, los gobiernos del estado de México emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hicieron uso de los proyectos de prestación de servicios (PPS) para concesionar a la iniciativa privada la construcción, operación y mantenimiento de obras como hospitales, carreteras, vialidades e incluso centros culturales.

Durante la década pasada se edificaron en la entidad tres hospitales bajo esa modalidad, por la cual los concesionarios reciben contraprestaciones por parte del gobierno estatal durante 25 años, periodo en el cual las empresas también se encargan de brindar servicios en clínicas, excepto los médicos.

Los nosocomios edificados bajo el esquema de PPS son los regionales del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) de Toluca y Tlalnepantla, así como el hospital de alta especialidad de Zumpango, a los que el gobierno mexiquense destina anualmente alrededor de 500 millones de pesos por cada uno, aunque la cifra aumenta cada año debido a la actualización de precios.

Las tres empresas a las cuales se concesionaron esas clínicas han recibido casi 13 mil 500 millones de pesos desde 2012; aún faltan al menos 12 años de concesión, en los que el gobierno del estado deberá seguir pagando la contraprestación.

El mecanismo de PPS empezó a utilizarse en el mandato de Enrique Peña Nieto como gobernador mexiquense (2005-2011), por recomendación de su secretario de Finanzas, Luis Videgaray. En aquella época se modificó la ley a fin de permitir esta modalidad para hacer obras. Las reformas pasaron no obstante las resistencias de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, pues el PRI y el Partido Acción Nacional constituían en ese momento una amplia mayoría en el Congreso mexiquense.

El gobierno de Peña Nieto adujo que carecía de recursos para enfrentar la necesidad de construir infraestructura, y como el priísta prometió durante su campaña no contratar deuda pública, que su antecesor Arturo Montiel prácticamente duplicó, encontró este camino para el financiamiento de obra.

Así, la administración estatal concesionó a la iniciativa privada dos hospitales regionales para el Issemym.

Inversiones de alta rentabilidad

El diseño, construcción, operación y prestación de servicios del hospital regional de Tlalnepantla se concesionó a la empresa Marhnos, propiedad de la familia Mariscal Servitje. La firma invirtió unos 970 millones de pesos en la edificación y equipamiento, y en el contrato se signó que recibiría un pago anual por 249 millones de pesos. Sin embargo, esta cifra se ha elevado.

Para 2013, cuando el gobierno hizo el primer pago anual, desembolsó 361 millones de pesos, 353 millones en 2014 y 366 millones de pesos en 2015.

Los montos siguieron creciendo en los años subsecuentes, pues en 2016 se pagaron 378 millones de pesos; para 2018 llegaron a 455 millones; en 2020 fueron 456 millones y en 2022 se erogaron 515.

A la fecha, Marhnos ha recibido 4 mil 445 millones de pesos del gobierno del estado por la construcción, operación y prestación de servicios de ese nosocomio. El contrato con este consorcio termina el 12 de noviembre de 2035, de tal forma que aún restan 12 años de pagos.

El hospital regional de Toluca del Issemym fue concesionado a la constructora Prodemex, de Antonio Boullosa y Olegario Vázquez Aldir. Cuenta con 120 camas y es muy similar en diseño y tamaño a los de su similar en Tlalnepantla.

El gobierno del estado comenzó a pagar la contraprestación respectiva en 2014, por 193 millones de pesos; en 2015 entregó 342 millones; en 2016, 352 millones, para 2018 fueron 388 millones y el monto ascendió en 2022 a 475 millones de pesos.

En total Prodemex ha recibido, de 2014 a la fecha, 3 mil 640 millones 820 mil 681 pesos, dio a conocer el mismo Issemym a La Jornada en respuesta a una pregunta específica al respecto.

Prodemex reconoce que para este desarrollo hospitalario se invirtieron 927 millones de pesos, de los cuales 700 se obtuvieron a través de un crédito con el banco Multiva.

De acuerdo con el contrato, el periodo de la concesión es de 25 años y vence el 8 de octubre de 2035, por lo que también restan 12 años de pagos.

Este no es el único contrato que Prodemex tiene con el gobierno del estado de México por PPS. También se le concesionó el mantenimiento de carreteras y vialidades, al igual que la construcción y conservación de la vialidad Las Torres, en Toluca, obras por las cuales recibe al año más de mil 200 millones de pesos.

El tercer nosocomio edificado bajo el esquema PPS fue el regional de alta especialidad de Zumpango, el cual fue adjudicado a la empresa Teya-IGSA, propiedad de Juan Armando Hinojosa, compadre de Enrique Peña y quien fuera uno de los principales beneficiarios de contratos durante la administración estatal del priísta.

Esta clínica de 124 camas implicó una inversión inicial de 950 millones de pesos, y según la autorización que se solicitó al Congreso local, el gobierno pagaría anualmente 299 millones, monto que se ha duplicado por la actualización de costos.

Aunque el convenio que el gobierno y Teya-IGSA rubricaron fue clasificado como reservado, se pudo conocer vía transparencia que a la fecha el gobierno ha pagado 5 mil 359 millones de pesos a la firma durante 12 años y medio.

En 2012, el gobierno pagó 381 millones de pesos, casi 100 millones más de la programación que se presentó al Congreso mexiquense para su autorización. En 2013, la contraprestación pagada fue de 399 millones de pesos; en 2015 alcanzó 434 millones y en el último ejercicio fiscal (2022) la cifra ascendió a 555 millones de pesos.

Como la acuerdo se firmó a 25 años, al gobierno todavía le resta pagar 12 años y medio de contraprestación, lo que seguramente duplicará lo que ya ha recibido Teya-IGSA hasta el momento.