n estos días fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de Población, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, y se expedirá la nueva Ley General de Población.
En estos 50 años, la dinámica de la población de México ha cambiado sustancialmente. Desde 1994 la política de población redefinió su enfoque, de estar basada en el control de la natalidad pasó a centrarse en los derechos humanos, en el bienestar social, la igualdad y la potenciación de género y en las diversas formas de familia; se incluyó por primera vez el desarrollo sostenible y la salud sexual y reproductiva como derecho fundamental, de acuerdo con el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, que fue aprobado por 179 países en Egipto. Esta conferencia estableció compromisos para mejorar la calidad de los servicios de salud reproductiva, mejorar la salud infantil, salvar la vida de las madres, aumentar el acceso a la educación y prestar mayor atención a los jóvenes, al embarazo de adolescentes, así como involucrar a los hombres en trabajo del hogar, en el cuidado y crianza de los hijos. Posteriormente, México firmó el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, en 2013, con representantes de 38 países asociados a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al Fondo de Población de Naciones Unidas, así como a organizaciones no gubernamentales; este consenso es el marco de la política de población actual y de la nueva Ley General de Población, se siguen las medidas prioritarias orientadas a los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes; al envejecimiento poblacional, el acceso universal a los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género; la protección de los migrantes, la vulnerabilidad ambiental, el combate a la discriminación racial y atención a pueblos indígenas y afrodescendientes.
Desde comienzos de este siglo el volumen de la población mexicana dejó de crecer rápidamente, se crece a uno por ciento anual, bajó la mortalidad y la fecundidad de la población y somos 131 millones de mexicanos. Se registra un rezago en la tasa de fecundidad de adolescentes, pero ésta descendió más de 16 por ciento en seis años. Se presentan nuevos patrones de migración internacional y una nueva estructura por edad. La población infantil disminuye, crece la población adolescente y joven, aumenta rápidamente la población adulta y la población adulta mayor. Actualmente, 19 por ciento son menores de 11 años; 31 por ciento tiene entre 12 y 29 años; 38 por ciento son adultos de 30 a 59 años; hay 15 millones de población mayor de 60 años (12 por ciento) misma que tripilicará su volumen en 20 años (40.7 por ciento). El envejecimiento poblacional es producto del descenso de la fecundidad, de la mortalidad y del crecimiento en la esperanza de vida al nacer. En el Grupo Interinstitucional de Envejecimiento trabajan 32 instituciones desde hace seis años, monitorean las tendencias y gestionan políticas intersectoriales.
La nueva Ley General de Población busca responder a los cambios en la dinámica poblacional y en la estructura por edad. Tema relevante es también el derecho a la identidad, reconocido en la Constitución de México apenas en 2014. El artículo cuarto constitucional establece que: Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento
. Nuestro país no ha logrado que toda la población cuente con los medios suficientes para acreditar fehacientemente su identidad, 35 por ciento de la población mexicana no cuenta con ningún documento oficial de identificación, tal como ocurre en todos los países del mundo.
La nueva ley establece la expedición de la clave única de registro de población (CURP) con fotografía, para que toda la población cuente con un documento digital de identidad e identificación seguro y confiable, así como personas extranjeras que solicitan estancia migratoria o condición de asilo, refugio y protección complementaria. El Registro Nacional de Población trabaja de manera conjunta con el INAI la evaluación de impacto a la protección de datos personales que marca la normativa. Es un hecho que diversas instituciones gubernamentales ya cuentan con los datos biométricos de la población mexicana: el Inapam, el IMSS, el Issste, la SRE (para pasaporte), el SAT (para el RFC), licencias de conducir y de transportistas así como de estudiantes de las escuelas públicas; también cuentan con esos datos organismos autónomos como el INE, la UNAM, la UAM, el IPN y demás universidades (registros de estudiantes y cédulas profesionales); en el sector privado tienen datos biométricos las escuelas, bancos, instituciones de crédito, tiendas departamentales, gimnasios, edificios inteligentes, etcétera. La CURP con fotografía es un paso para proteger a nuestros niños y adolescentes, a quienes también debe garantizarse su derecho a la identidad.
* Secretaria general del Conapo
Twitter: @Gabrielarodr108
