Una jueza en Estados Unidos ordenó la entrega a México de 2 millones 524 mil 50 dólares, como parte de la demanda civil que el gobierno presentó el 21 de septiembre de 2021 contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El recurso recuperado, y que debe ser entregado en un plazo de 10 días, es menos de uno por ciento de los 745.9 millones de dólares que el país busca recobrar, según informó la UIF en marzo de este año.

El organismo, que depende de la Secretaría de Hacienda, enfatizó que los 2 millones 254 mil 50 dólares son una primera recuperación de activos en Florida, los cuales sonproducto de actos de corrupción de la banda que organizó García Luna y que operó durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

No obstante, el juicio civil en el que el gobierno ahora reclama más de 600 millones de dólares –145 millones menos de los que informó siete meses atrás– no ha terminado y continuará hasta su culminación, indicó la UIF.

El miércoles, la jueza Lisa Walsh ordenó la entrega de los bienes de la empresa Delta Integrator, al acreditar el gobierno de México que los demandados (García Luna y Pereyra) incurrieron en falta al ausentarse del juicio, explicó la UIF.

Los bienes mencionados son tres inmuebles ya liquidados, con valor de un millón 968 mil 250.25 dólares, y un departamento adicional en Miami, Florida, con un precio de 555 mil 800 dólares, que aún no ha sido liquidado.

En suma, son 2 millones 524 mil 50 dólares (44 millones de pesos) que la jueza ordenó regresar al gobierno mexicano, reiteró la UIF. Explicó que de conformidad con las leyes vigentes, los recursos repatriados serán destinados en beneficio del pueblo de México.

El pasado primero de marzo, la UIF informó que durante el tiempo en que García Luna ejerció como secretario de Seguridad Pública, y posteriormente, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para usufructo personal y de sus socios cercanos. Un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, señaló.

De acuerdo con la unidad de Hacienda, los contratos sirvieron para sustraer recursos públicos por al menos 745.9 millones de dólares. Los beneficios fueron transferidos al extranjero y se destinaron a la compra de bienes muebles e inmuebles y otros activos en Florida.