San Salvador. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó ayer un amparo presentado por el presidente electo, Bernardo Arévalo, contra funcionarios a los que acusa de fraguar un golpe, al tiempo que por tercer día consecutivo miles de indígenas, campesinos y ciudadanos bloquearon carreteras y advirtieron que no darán marcha atrás hasta que renuncie la fiscal general Consuelo Porras.

Por mayoría, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no decretar el amparo provisional, afirmó la institución en breve comunicado.

La CSJ se limita a identificar a Arévalo como el interponente, y a las autoridades impugnadas, además de Porras, José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y Fredy Raúl Orellana Letona, juez del juzgado séptimo de primera instancia penal.

El recurso fue presentado por Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, hace dos semanas con el fin de dejar sin efecto todas las acciones del Ministerio Público para anular el registro del Movimiento Semilla por supuestas irregularidades durante su inscripción en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2017.

El juez Orellana suspendió en julio pasado la personaría jurídica del partido a solicitud de Curruchiche, pero la decisión fue suspendida después por la Corte de Constitucionalidad hasta el 31 de octubre, cuando finaliza el proceso electoral.

El máximo tribunal argumentó que según la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala ningún partido puede ser anulado mientras esté en vigencia el proceso electoral.

Curruchiche mantiene las acciones legales contra el Movimiento Semilla y el sábado allanó la sede del TSE y confiscó actas electorales.

Tres días de paro y bloqueos

La acción llevó a las organizaciones de los pueblos originarios a comenzar un paro cívico nacional, que ayer cumplió tres días, en defensa de la democracia y para exigir la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana, a quienes acusan de impulsar un golpe de Estado.

Arévalo y Herrera ganaron en la segunda vuelta electoral, el 20 de agosto, con 60.91 por ciento de los votos y tomarán posesión de sus cargos el 14 de enero.

En tanto, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, externó su preocupación por la crisis política en Guatemala e hizo hincapié en la necesidad de garantizar una transición adecuada que respete los resultados de los comicios.