ayose el teatrito del ministro Luis María Aguilar, odiador de los libros de texto gratuitos, y su asociada Maru Campos, quien también abomina todo lo que implique una formación científica para los alumnos. Y si ello sucedió en este caso, no tarda en seguir el mismo curso el protagonizado por otro cruzado de la derecha, Miguel Riquelme, quien se presume como mandatario de Coahuila.

Por esta tercia (y los que están detrás de ella), millones de niños en Chihuahua y Coahuila se quedaron sin libros de texto gratuito por la simple petición de un par de gobernadores y la graciosa decisión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otros mandatarios estatales (Jalisco y Guanajuato, por ejemplo) amenazaron con seguir ese camino, pero recularon.

Dos meses sin libros de texto gratuito en las entidades referidas, en medio de histéricos discursos de ese par de gobernadores que repiten como pericos aquello de que se ideologiza a los estudiantes, advirtiendo sobre la presencia de ideas exóticas y defendiendo que la tierra es plana. El medioevo instalado en la casa de gobierno.

Pero todo se les vino abajo: ayer, los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (obviamente, Luis María Aguilar Morales no forma parte de ella) aprobaron el proyecto en el cual se argumenta que la demanda promovida por el gobierno de Chihuahua no aduce en ninguna forma violaciones a la Constitución política por lo que el acuerdo de distribución de libros de texto gratuitos resulta ilegal ( La Jornada, Gustavo Castillo).

Además, los ministros subrayaron que resultó innecesario analizar la oportunidad y legitimación de la controversia constitucional presentada por el gobierno de Chihuahua ni los agravios propuestos, porque el poder ejecutivo del estado carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional planteada. Entonces, felizmente, los niños tendrán sus libros de texto gratuito con una educación científica y sin ideas exóticas, amén de que aprenderán que la tierra no es plana.

Pero no sólo en la educación se cuecen habas de la derecha. Como uno de tantos regalos de despedida, Felipe Calderón armó y echó a caminar (16 de enero de 2012) la Ley de Asociaciones Público-Privadas para que la oligarquía clavara aún más sus colmillos en el presupuesto público. Enrique Peña Nieto la reformó para ir más lejos y el resultado ha sido el descarado saqueo del erario.

De tiempo atrás, el presidente López Obrador denunció el atraco al erario por la asociación público-privada en nueve hospitales, un instrumento para robar, porque en números cerrados ese universo costó algo así como 10 mil millones de pesos y el gobierno debe pagar 93 mil millones a lo largo de aproximadamente 20 años, sin que necesariamente esos nosocomios se ocupen al 100 por ciento, esquema similar a las cárceles privadas.

Y ayer se conocieron los nombres de los beneficiarios: Olegario Vázquez Aldir (Grupo Ángeles, con tres hospitales; tiene dos penales privados en Michoacán y Durango); Hipólito Gerard (cuñado de Carlos Salinas de Gortari, del Grupo GIA, dos hospitales; también cuenta con una cárcel en Oaxaca); Juan Bautista Guichard, de Invex, uno; la trasnacional española SACYR, con Manuel Manrique a la cabeza, uno; Oscar Julio Quiroz Moreno, uno; y Acciona (otra trasnacional española dedicada a energías renovables), uno.

Las rebanadas del pastel

Y colorín colorado, a Notimex se la han escabechado, no sin antes destinar poco más de 234 millones de pesos para las liquidaciones de los sindicalizados, en un acuerdo amarrado por Luisa María Alcalde. Días atrás se publicó en este espacio (documento en mano) que en junio pasado el monto acordado fue cercano a 224 millones, pero ya en septiembre (también documento en mano) se incrementó a poco más de 234 millones (4.6 por ciento), que incluye 12.5 millones por una canasta y 225 mil pesos por aniversario del sindicato. Además, entre junio y septiembre el número de personas a liquidar creció de 85 a 86 (originalmente eran 34), quienes obtendrán entre un millón 93 mil 617.54 (mínimo) y 5 millones 302 mil 146.34 pesos (máximo). Y no se rasguen las vestiduras: eran trabajadores al servicio del Estado y los dineros salían del presupuesto federal. Entonces, como dice el presidente López Obrador: lo público tiene que ser cada día más público. Mientras, los juicios y denuncias por corrupción siguen su curso; ahora, el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado dará seguimiento a las carpetas.

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