Las organizaciones que acompañan a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 aseguraron que las descalificaciones del Ejecutivo federal contra ellos, sus asesores, el grupo de expertos y organismos internacionales, así como la protección al Ejército, ponen en riesgo el esclarecimiento del caso.

Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el de la Montaña Tlachinollan, Serapaz y Fundar subrayaron que los familiares no son manipulados por nadie: conocen el caso de sus hijos y ejercen sus derechos con dignidad. Así se lo hicieron ver al propio Presidente de la República en su último encuentro (hace dos semanas), al exigir respeto y demandar que no les insulte. También rechazaron los señalamientos en su contra y respondieron al Ejecutivo federal: No somos intermediarios ni administramos el dolor.

En un posicionamiento, rechazaron los dichos presidenciales contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes realizaron aportes fundamentales para el esclarecimiento, conduciéndose siempre sobre la base de la evidencia, dejando un notable precedente de asistencia técnica internacional para la investigación de graves violaciones de derechos humanos.

Defendieron igualmente la gestión del ex fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, luego de que desde el Poder Ejecutivo se ha puesto en duda el desempeño que tuvo. Sostuvieron que sin estar exenta de áreas de oportunidad, fue determinante para las acusaciones que hoy el gobierno presenta como avances, y es una infamia atribuirle responsabilidad en el entorpecimiento de la indagatoria.

Por el contrario, señalaron, el actual fiscal especial, Rosendo Gómez Piedra, es quien está entorpeciendo el caso, pues en su carencia de legitimidad y conocimiento del mismo está desmantelando al equipo que logró esos avances.

Ante la insistencia de que los militares ya entregaron toda la documentación del caso Ayotzinapa, las organizaciones aseveraron que es falso y destacaron que la exoneración y férrea defensa del Ejército sólo es una triste comprobación del peligroso e inédito empoderamiento militar del presente.

Respaldaron también la exigencia de los padres y madres de los jóvenes –que plantearon el 28 de septiembre pasado– para que sea retirada la narrativa de hechos generada por el gabinete de seguridad, que les fue presentada el 25 de ese mes y difundida en redes sociales al día siguiente.

Dicho documento, sostuvieron, “se aproxima a la llamada ‘verdad histórica’ al criminalizar sin prueba bastante a uno de los estudiantes víctima de desaparición, además de reducir los hechos a un asunto local atribuible al narcotráfico, soslayando el grado de intervención de diversas instancias y el carácter estructural del caso, entre otras falencias”.

Expusieron que las familias continuarán su lucha y mantienen su esperanza de acceder a la verdad en la actual administración. Nuestra obligación es acompañarlas hasta el final en ese digno empeño. Sin embargo, no dejamos de hacer notar que en un sexenio marcado por el enorme peso de la palabra presidencial, las recientes expresiones disminuyen la posibilidad de que las instituciones terminen de abrir los diques de encubrimiento que hoy impiden dar por esclarecido el caso, y ésta es una triste realidad.

Mencionaron que igualmente acompañan la decisión de los padres y madres de sostener todavía el diálogo en el contexto de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, sobre la base del informe que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el jueves pasado.