El gobierno de Chihuahua tendrá que admitir la distribución de los libros de texto gratuitos, de acuerdo con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desechó un recurso de esa autoridad estatal.

Los ministros de la primera sala de la Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aprobaron en forma unánime un proyecto del ex presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, que desecha la controversia constitucional 400/2023, promovida por la administración de la gobernadora panista Maru Campos.

El fallo considera legal el acuerdo por el cual el gobierno federal puede distribuir los libros de texto gratuitos en esa entidad.

La primera sala dejó sin efecto la admisión de la demanda de controversia constitucional, en virtud de que el Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua carece de interés legitimo para presentar el recurso.

Tomar la resolución tomó 45 segundos, pues los ministros ya habían analizado el proyecto de Zaldívar.

En agosto pasado, el ministro de la Corte Luis María Aguilar Morales admitió a trámite el recurso de Chihuahua y de inmediato concedió una suspensión provisional, por lo cual quedó paralizada la distribución de los libros en el estado.

La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo federal interpuso un recurso de queja contra la controversia del gobierno de Campos.

El fallo de ayer destraba la situación y considera que la demanda de la entidad norteña no aduce en ninguna forma violaciones a la Constitución.

Reconocen competencia federal

Según el proyecto aprobado, resultó innecesario analizar la oportunidad y la legitimación en el recurso, así como los agravios propuestos.

La resolución desechó la demanda del 4 de agosto, que presentó la consejera jurídica del estado de Chihuahua, Yadira Anette Gramer, contra la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y otras instituciones relacionadas con el diseño, elaboración, producción y distribución de esos materiales escolares.

Los ministros concluyeron que la controversia del gobierno de Chihuahua no cumplió los requisitos legales, pues el acto reclamado no entra en las atribuciones de las autoridades estatales y la ley en la materia prevé que el asunto es competencia exclusiva de la Federación.

La resolución consideró improcedente el alegato del gobierno de Chihuahua de que en la producción de los libros faltó una consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, porque en ninguno de los argumentos de la demanda se acreditó un agravio en perjuicio de la autoridad estatal.

La Corte aún tiene pendiente de resolución un asunto similar, la controversia constitucional 412/2023 planteada en agosto pasado por el gobierno de Coahuila y que también obtuvo una suspensión que impide el reparto de los textos.

La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo también presentó en este caso un recurso de reclamación. El análisis corresponde, igualmente, al ministro Zaldívar.