El ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, obtuvo de un juez federal una suspensión definitiva que ordena al gobierno federal no realizar ningún comentario incriminatorio o condenatorio hacia su persona, mientras no exista una sentencia definitiva en su contra en el caso Ayotzinapa.

Hace un mes, el ex funcionario promovió un nuevo juicio de amparo en el que solicitó que le prohíban al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que lo señale públicamente de ser torturador y crear la verdad histórica, a pesar de que las autoridades lo acusan por su presunta responsabilidad en delitos de tortura, coalición de servidores públicos y desaparición forzada por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

María Isabel Bernal Hernández, titular del juzgado séptimo de distrito en materia administrativa, apuntó que los familiares de los 43 estudiantes normalistas tienen derecho a conocer la verdad histórica del caso Ayotzinapa, además que se les informe de los avances en relación con el procedimiento, a través de su derecho de acceso a la información.

No obstante, subrayó que al no estar determinado de manera definitiva que Tomás Zerón cometió o participó en la comisión de los hechos que la autoridad señala y no existe sentencia ejecutoria que así lo establezca, las autoridades deben abstenerse de brindar información sugestiva que lo pueda exponer.

Añadió que lo anterior no debe afectar el derecho de acceso a la información de la sociedad, pues no sólo los órganos judiciales, sino también las autoridades públicas están obligados a respetar la presunción de inocencia, en tanto no se declare que una persona es culpable de un hecho que la ley señale como delito ante un tribunal.

Tomás Zerón enfrenta cuatro causas penales relacionadas con el caso Ayotzinapa, tres en juzgados del Reclusorio Oriente y una en el Sur. La primera orden de aprehensión es de marzo de 2020 y la firmó el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente por el delito de tortura.

En abril de 2021, la FGR obtuvo la segunda orden de captura por la presunta responsabilidad del ex funcionario en actos de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo. Los interrogadores buscaban que el detenido confesara su participación en la agresión a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.