Los seis informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no muestran opiniones sino hechos probados y cuentan con todas las fuentes en las que nos basamos, defendieron sus ex integrantes Ángela Buitrago y Carlos Beristain, frente a lo que llamaron proliferación de noticias, comentarios y opiniones sobre el caso.

La verdad no se declara, se prueba, y todas las afirmaciones que incluyen nuestros informes tienen sustento probatorio, aseguraron.

Por ello, invitaron a autoridades, medios de comunicación y a académicos a analizarlos y responder a los hallazgos no con opiniones o descalificaciones, sino con el rigor que requiere la verdad.

En una nota aclaratoria, ayer, los expertos pidieron que las autoridades escuchen a las víctimas, ellas tienen voz propia... No es hora de confusión y ruido. La verdad se empeña porque hay quien la empuja como lo hacen las familias, y seguirá saliendo, ya sea como una bocanada de aire fresco que México necesita o surgiendo entre las rendijas.

Aseveraron que en los informes que presentaron –en los que además demostraron que no es cierta la verdad histórica construida en la administración de Enrique Peña Nieto–, documentaron toda su labor, avances en la investigación, revelaciones de nuevas verdades ocultas, y propuesto líneas de investigación que han hecho avanzar el caso. No hemos permitido en ningún momento la politización de nuestro trabajo, a pesar de las presiones que recibimos.

Respecto de los documentos clave sobre el caso que se han solicitado al Ejército, y que los expertos aseguran que les han sido negados –lo que llevó a que terminaran su labor en México en julio–, Buitrago y Beristain expusieron que las respuestas sobre que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala no existía, que dependía del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que no realizaban interceptaciones telefónicas, que desconocen quiénes las hicieron, y otras, simplemente no responden a la verdad.

Las pruebas, afirmaron, “están a disposición de las autoridades, que además las conocieron de antemano y están publicadas en el Informe Ayotzinapa VI”.

Enfatizaron que no regresaron al país en 2020, luego de la campaña negra que sufrieron en la administración de Peña Nieto, por nuestra voluntad sino por petición de las autoridades y familias, bajo el mandato de la CIDH. Hemos dado cuenta de todos los avances y obstáculos. Nuestro compromiso es con la verdad, que es lo que las madres y padres de Ayotzinapa requieren y demandan con su dignidad. Todo el país ha sido testigo de ello.

Si bien reconocieron que durante su trabajo en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador lograron el acceso a nuevos testigos e informaciones de archivos que han ayudado a avanzar en el esclarecimiento de los hechos, en el año reciente los obstáculos llevaron a la salida del fiscal del caso (Omar Gómez Trejo) y la bajada de órdenes de captura ya concedidas por un juez, entre ellas de militares.

Posteriormente, dijeron, y a pesar de un escenario adverso, el trabajo del GIEI ha llevado a que se retomen dichas órdenes al menos parcialmente en los meses recientes, así como a documentar los casos contra Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, o el ex procurador Jesús Murillo Karam.

Hemos entregado a la nueva Fiscalía seis documentos con cerca de 90 propuestas de investigación, diligencias y acciones para esclarecer el caso, muchas de ellas aún pendientes, apuntaron.