ueva York sufrió esta semana una inundación repentina que paralizó la vida de millones de personas: los hospitales tuvieron que efectuar traslados de emergencia de sus pacientes a otros centros, el transporte público suspendió sus servicios, automóviles privados quedaron varados en las calles, los vuelos fueron retrasados o cancelados y hubo severos cortes de electricidad. Por fortuna, las lluvias no provocaron pérdidas de vidas humanas, pero causaron un desbarajuste en la vida cotidiana, afectaciones económicas y, sobre todo, un enorme impacto simbólico, como cuando un león marino escapó de su hábitat artificial en el zoológico de Central Park por la subida de las aguas. La propia gobernadora del estado, Kathy Hochul, advirtió a sus conciudadanos que el cambio climático hará de estos eventos antes raros la nueva normalidad. Los datos avalan el apego de su postura a la realidad: a partir de 2021, cada año se ha roto el récord de precipitaciones para esta temporada que se mantenía desde hace siglo y medio.
Esta enésima demostración de la existencia y la gravedad del cambio climático debería movilizar a las autoridades y la sociedad estadunidenses a emprender acciones inmediatas a fin de atajar el desastre que están causando y que no sólo los afecta a ellos, sino al mundo entero. Debe recordarse que Estados Unidos es responsable de una cuarta parte de todas las emisiones de dióxido de carbono desde 1750 hasta la actualidad; es decir, desde que la Revolución Industrial puso en marcha un proceso de alteración del equilibrio ecológico tan profundo que ha llevado a la comunidad científica a hablar de nuestra época como Antropoceno: una era geológica en que el factor determinante es la actividad humana.
Como en otras materias, Washington presiona a otros países para que adopten determinadas medidas ante la crisis ambiental, sobre todo cuando las políticas en cuestión favorecen los intereses de las grandes corporaciones estadunidenses. El cambio de los combustibles fósiles a las energías limpias se ha convertido en un pretexto idóneo para que los poderes Ejecutivo y Legislativo de la superpotencia continúen su arraigada práctica de injerencismo en los asuntos internos de México, en una violación a la soberanía nacional que además está teñida de hipocresía: mientras Estados Unidos es el segundo mayor generador de dióxido de carbono, México ocupa la posición 16. Al ajustar las emisiones por habitante, nuestro país ni siquiera aparece entre los 50 primeros emisores de este gas de efecto invernadero. Lo que es peor, mientras usa el ambientalismo como arma geopolítica, el país vecino se encuentra rezagado en el impulso de las llamadas energías verdes, ámbito en el que es ampliamente superado por China, segunda economía mundial, que año con año invierte los mayores montos en la instalación de plantas eólicas, fotovoltaicas, hidroeléctricas y geotérmicas, entre otras.
La principal preocupación de empresarios y políticos estadunidenses, que se dicen consternados por las consecuencias del calentamiento global, no debería estar en lo que hacen naciones cuya responsabilidad histórica y actual es muy inferior a la de su país, sino en la amenaza del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Dichos actores no pueden soslayar que en los primeros 100 días de su administración (2017-2021) el magnate revirtió o suspendió 21 medidas de protección ambiental, una embestida que incluyó la eliminación de los límites de sustancias tóxicas que la industria puede verter en cuerpos de agua o la autorización para extraer petróleo en áreas naturales protegidas, entre muchas otras decisiones nefastas. En su campaña para regresar al Despacho Oval, Trump ya ha prometido ir mucho más lejos en el desmantelamiento de los esfuerzos para frenar el cambio climático, en el cual él y sus seguidores no creen.
En suma, la actual administración demócrata y los defensores (reales o fingidos) estadunidenses del medio ambiente encaran formidables retos dentro de sus propias fronteras, y bien harían en atenderlos en vez de distraerse calificando y tratando de imponer directrices a terceros.
