Activistas por la defensa del medio ambiente, de la tierra y el territorio lamentaron que a la fecha no haya una respuesta de Presidencia ni de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación ni de Turismo sobre el veredicto del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que en julio pasado determinó que la construcción del Tren Maya viola diversas garantías fundamentales, tanto de la naturaleza como del pueblo maya.

El obispo emérito Raúl Vera y habitantes de comunidades de Yucatán y Quintana Roo pidieron que se suspendan las obras de este megaproyecto gubernamental, pues aún se puede revertir el daño ambiental.

Además, las activistas Haizel de la Cruz, Raquel Flota y Wilma Esquivel denunciaron que debido a esta construcción ha habido un aumento de la violencia.

En un foro en la materia, el obispo Vera manifestó la urgencia de que se reconozca a la naturaleza como sujeta de derechos.

A su vez, el abogado ecologista Javier Ruiz refirió que hace dos meses, cuando entregaron a las dependencias el veredicto del citado tribunal –encabezado por la argentina Maristella Svampa– , la única que no nos quiso recibir fue la Sedena. También lamentó que, aunque el documento también fue entregado a organismos internacionales como la ONU y la Unesco, tampoco tenemos respuesta.

Consideró que es un buen momento para llevar el veredicto ante los tribunales federales. Si bien la Suprema Corte ha resuelto casos emblemáticos en materia ambiental como el de la Laguna del Carpintero (Tamaulipas), el del Puerto de Veracruz, de Cuatro Ciénegas (Coahuila) y otros más, sólo han desarrollado el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no se ha llegado al punto de declarar que la naturaleza tiene derechos.