A partir del pasado 14 de septiembre los funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos han sido objeto de presiones y amenazas de cese de sus empleos. Durante una semana, las oficinas fueron tomadas ilegalmente por agentes de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (Fide) y sustrajeron expedientes en los que se indagaba al fiscal general de justicia, Uriel Carmona Gándara, a jueces y magistrados y al gobernador Cuauhtémoc Blanco, informó Édgar Rodolfo Núñez Urquiza.

En entrevista con La Jornada, el funcionario, que se desempeña como encargado de despacho en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos –y quien continúa su labor al haber obtenido protección de la justicia federal contra su remoción–, indicó que los actos coercitivos para quienes laboran en esa área iniciaron cuando se solicitó la orden de aprehensión y la audiencia inicial al fiscal Uriel Carmona para que fuera juzgado por tortura.

Caos y presiones tras la detención

Las presiones en contra de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos iniciaron casi un mes después de que el fiscal Uriel Carmona fue detenido –el 4 de agosto– con base en tres órdenes de aprehensión libradas por un juez del fuero común en la Ciudad de México, la primera por ser presunto responsable de obstrucción de la justicia, la segunda por encubrimiento y la tercera por feminicidio en grado de tentativa, todas relacionadas con el asesinato de la joven Ariadna Fernanda López.

En los tres casos permaneció preso, inicialmente en el Reclusorio Sur y posteriormente en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano.

En ese contexto, aunque se le dictó vinculación a proceso, los abogados de Carmona Gándara consiguieron que un juzgado le concediera la protección de la justicia federal por considerar que el fiscal cuenta con fuero.

La cuarta orden de captura se giró el 13 de septiembre por el delito de tortura, pero un día después Isaías Moreno, quien supuestamente fue designado al frente de la Fiscalía Anticorrupción, ordenó el desistimiento y la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la detención de Carmona Gándara, quien finalmente con base en el mismo argumento de contar con fuero, fue liberado el 22 de septiembre tras permanecer preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 y reinició sus actividades cuatro día después.

Amagan al personal con armas largas

“La institución está siendo afectada por designaciones e intervencionismo indebidos desde la Fiscalía General de Justicia de Morelos (FGJEM), de la policía de delitos de alto impacto y funcionarios que no tienen nada qué hacer en nuestra fiscalía, como son los coordinadores de administración, el visitador y el titular del Órgano Interno de Control de la fiscalía general, así como del titular de la Fide.

“Somos un órgano con autonomía administrativa y de gestión; sin embargo, el 14 de septiembre Carlos Andrés Montes Tello, quien quedó temporalmente al frente de la FGJEM tras la detención de Carmona Gándara, designó a Isaías Rodríguez Moreno en la Fiscalía Anticorrupción sin cumplir los procedimientos legales.

Ese día, a las 8 horas, Rodríguez Moreno tomó con apoyo de la Fide, las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción y el personal fue amagado con armas largas y amenazado con actas administrativas si entorpecían sus labores.

Incompetencia de FGR

El vicefiscal Núñez Urquiza informó también que la “carpeta de investigación por tortura fue una remisión por incompetencia de la FGR y nos fue transferida el 13 de septiembre. El oficio con el que fue remitida señalaba que la indagatoria tenía datos eficaces y concretos para ejercer acción penal en contra del fiscal Carmona Gándara.

“El caso fue puesto a consideración de un juez de control y se le señaló que debía valorar o calificar si el fiscal general contaba con fuero para delitos estatales y convalidó que no lo tenía. Entonces el juez de control fijó el día 14 para realizar la audiencia. Pero como la fiscalía ya estaba tomada, no contábamos con la carpeta porque los documentos se habían quedado en la oficina.

“Así se evitó que el personal que integró la carpeta pudiera acudir a la audiencia de imputación y la gente a cargo de Rodríguez Moreno se desistió de la acusación y el caso tuvo que ser atendido por la FGR.

Mintieron asegurando que 14 funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción habíamos sido destituidos y por ello, explicó, él y sus colaboradores solicitaron la protección de la justicia federal y se les otorgó una suspensión temporal.

Actualmente la Fiscalía Anticorrupción tiene resguardo de la Secretaría de Marina, tras retomar el control de sus oficinas detectaron que “fueron sustraídas algunas carpetas en contra del fiscal general del estado, una de ellas relacionada con las fosas clandestinas de Tetelcingo, y otras por omisiones relacionadas con él y de personal encargado de las fiscalías regionales.

También hacen falta carpetas en contra del gobernador de Morelos; algunas que involucran a personal del área de gobierno e indagatorias relacionadas con jueces y magistrados. Por ello se tomarán las acciones legales y administrativas que correspondan para reponer las carpetas y seguiremos haciendo nuestro trabajo, señaló Núñez Urquiza.