La propuesta de nueva Ley General de Población que se votará en el Senado la próxima semana garantiza el respeto a los derechos humanos de los migrantes que están en territorio nacional, ya sea en tránsito o de manera definitiva, y les da acceso a los programas y servicios públicos del gobierno federal, de los estados y municipios y de las demarcaciones de la Ciudad de México, sin discriminación de ningún tipo.

En el dictamen de dicha ley hay un capítulo sobre ese tema, en el que se define que todas las personas que se encuentren en situación de movilidad humana en la República, incluidos los migrantes en tránsito, los extranjeros que busquen refugio o asilo, los mexicanos repatriados y los que estén en situación de desplazamiento interno forzado, gozarán de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en ordenamientos jurídicos internacionales.

Es una ley de avanzada, en la que se dan derechos a los migrantes, ya que cualquier persona que esté en el país, sin importar su nacionalidad o su condición migratoria, debe ser atendida con los instrumentos con que cuenten los tres órdenes de gobierno, comentó el senador César Cravioto, integrante de la Comisión de Gobernación.

–¿A qué programas y servicios públicos tendrán acceso?

–A los que en el momento requieran. Por ejemplo, si un niño de una familia de migrantes que están en el país quiere ir a la escuela, ¿le vamos a negar ese derecho? O si alguien se enferma, ¿no puede ir a un hospital público?

Es lo que peleamos por nuestros mexicanos que viven en Estados Unidos, que no importando su situación migratoria se les atienda y se cubran sus necesidades básicas. Siendo un país con experiencia en el mal trato a nuestros connacionales en Estados Unidos, tenemos que ser muy justos con quienes vienen de fuera, ya sean guatemaltecos, de otras partes de Centroamérica, venezolanos, haitianos, cubanos o de cualquier nacionalidad.

En el dictamen de esa Ley General de Población, que abrogará a la de 1974, se precisa que la Secretaría de Gobernación deberá dictar medidas de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la protección de los emigrantes mexicanos; es decir, los que se desplacen en territorio nacional hacia otro país.

Asimismo, deberá promover, en coordinación con otras dependencias, convenios con los gobiernos de otros países para que la migración de sus connacionales se lleve a cabo por canales legales y seguros.

Respecto a los mexicanos repatriados, en especial los deportados o expulsados de Estados Unidos, se plantea que sea con base en los acuerdos internacionales en la materia y se les provea al llegar al país de agua, alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal y atención legal, sicológica y médica.

En el caso de niños y adolescentes repatriados no acompañados se les deberá brindar alojamiento en tanto son canalizados a instituciones donde se les brinde atención.