Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dar instrucciones para reabrir y actualizar el Fideicomiso Río Sonora (FRS), ya que los 2 mil millones de pesos que lo constituyen son insuficientes para la reparación del daño a las comunidades por el derrame tóxico ocurrido en 2014, pues las pérdidas económicas ascienden a más de 20 mil millones de pesos, según el diagnóstico elaborado por la dependencia.

Además, exigieron “detener la impunidad de Grupo México –que cumple más de nueve años–”, con acciones concretas que sean dadas a conocer a las comunidades afectadas, ya que la minera propietaria de Buenavista del Cobre ocasionó el peor desastre ambiental minero en el país con el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en la cuenca del río Sonora que afectó a 22 mil personas de la región.

Los comités, que agrupan a habitantes de las localidades Aconchi, Arizpe, Ures, Bacanuchi, entre otras, plantearon también que se coordine con la Comisión Nacional del Agua y con las Secretarías de Salud estatal y federal para presentar en octubre un plan oficial para la reparación, remediación y acceso a la salud y al agua potable, que incluya infraestructura, personal médico especializado y presupuesto, que incluso sea transexenal.

Persiste nivel alarmante de tóxicos en la región

Luego de que la Semarnat presentó un reporte, –que señala que persiste un nivel alarmante de contaminación en la región–, los CCRS señalaron que “se puede determinar que ni el monto pagado por la multa, ni las compensaciones entregadas por el Fideicomiso Río Sonora, bajo ningún escenario, cubrieron los efectos directos, indirectos y acumulativos en la población, los ecosistemas y la economía, ni los costos de monitoreo, atención de la salud y la calidad de las matrices ambientales.

Mencionaron que el dictamen presentado el miércoles representa un paso más del Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora; sin embargo, se requieren acciones concretas y urgentes para abordar los más de nueve años de bioacumulación de tóxicos en las personas y otros múltiples daños en el suelo, agua y aire, incluyendo las graves afectaciones a la salud humana.

Los CCRS agregaron que las consecuencias ambientales y económicas que derivaron del derrame sobre las comunidades no fueron atendidas.