Londres. El Ministerio del Interior británico admitió fallas después de que un recluso de Belmarsh y amigo de Julian Assange, fundador del portal de filtraciones Wikileaks, se suicidara en prisión, al ser notificado de su probable deportación a Brasil, a pesar de que su sentencia de prisión estaba llegando a su fin.

Manoel Santos, que llegó a Gran Bretaña desde Brasil en 1997, debía ser liberado de la cárcel el 27 de octubre de 2020, pero el Ministerio del Interior ordenó a la prisión que lo mantuviera bajo custodia mientras decidían si lo deportaban.

Una investigación descubrió que Santos, quien dijo que era gay y que su familia lo había repudiado debido a su preferencia sexual, se convirtió en un hombre condenado a muerte después de enterarse de que lo obligarían a permanecer en prisión mientras se procesaba su caso de migración. Se quitó la vida días después, el 2 de noviembre.

Stella, la esposa de Assange, dijo que el fundador de Wikileaks estaba devastado por la muerte. Julian me dice que Manoel era un excelente tenor. Ayudaba a Julian a leer cartas en portugués. Temía ser deportado a Brasil después de 20 años, ser gay lo ponía en riesgo en su lugar de origen, declaró.

Santos, que llevaba seis meses tras las rejas por un incendio provocado, lloró ante la perspectiva de regresar a su país, dijo al tribunal su compañero de prisión Andrew Bayne. Tenía una solicitud de protección por causas de derechos humanos en curso ante un tribunal de migración, con una audiencia programada para el 26 de enero de 2021, según escuchó el tribunal, por lo que no habría podido ser deportado hasta obtener un fallo.

A pesar de ello, los funcionarios obtuvieron una orden para mantenerlo preso, diciendo que era probable que se fugara si obtenía la libertad bajo fianza. El Ministerio del Interior admitió fallas en el procesamiento del caso de deportación de Santos, pero aseguró que no contribuyeron al suicidio de Santos.

Jane Sutton, jefa de Asuntos sobre Delincuentes Extranjeros del Ministerio del Interior, sostuvo ante el tribunal que hubo dos oportunidades de procesar y entregar la notificación de deportación de Santos: una vez en 2019 tras un delito por daño criminal e incumplimiento de una orden de alejamiento, y otra vez en 2020 al momento de su encarcelamiento por su responsabilidad en un incendio provocado.

La funcionaria admitió que el departamento debería haber pedido información médica actualizada antes de decidir mantener a Santos en prisión en espera de una decisión de deportación.